Bogotá, Colombia.- Luego de la muerte el pasado 8 de septiembre de Javier Ordoñez como consecuencia de los golpes y descargas eléctricas por parte de agentes policiales mientras estaba sometido en el piso, un fiscal especializado en derechos humanos será quien asuma la investigación.

Así anunció lo anterior el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa ante la gravedad de los hechos.

“La Fiscalía rechaza todo tipo de violencia. Los hechos en los que murió Javier Ordóñez y que son materia de investigación son absolutamente inadmisibles. Nuestra solidaridad con su familia, reiteramos compromiso para esclarecer este caso”: Fiscal General, Francisco Barbosa. pic.twitter.com/FYmb9xcYS3

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 10, 2020

Así mismo, el Fiscal ordenó la creación de un equipo de más altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso, al tiempo que el Cuerpo Técnico de Investigación realiza diferentes labores de policía judicial como recolección de videos y testimonios con el ánimo de esclarecer lo sucedido.

Se buscará identificar y judicializar a los responsables  de los ataques contra la infraestructura pública  y los hechos delictivos que se originaron.

Se pronunció ante el rechazo de acciones vandálicas y hechos deplorables que se dieron, por ello la Fiscalía acompaña la institucionalidad y rechaza toda forma de violencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial, y se observa que, en el contexto de las protestas por violencia policial en diversas ciudades de Colombia, al menos cinco personas perdieron la vida y otras se encuentra heridas.

#Colombia🇨🇴 La @CIDH condena enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial. Según información pública, el #8Sept murió Javier Ordoñez, como consecuencia de los golpes y descargas eléctricas propinadas por agentes policiales mientras se encontraba sometido en el piso. 1

— CIDH – IACHR (@CIDH) September 10, 2020

“Estos casos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados”, apuntó.

La CIDH subraya que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios del legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas.

Finalmente, el organismo internacional recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación. “Actos aislados de violencia, no convierten en una amenaza al orden público al movimiento social que ejerce sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación.

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