El fiscal especial Jack Smith se encuentra en una encrucijada legal, evaluando la forma en la que pueda concluir las dos causas federales en contra de Donald Trump antes de que este asuma la Presidencia.

Según informó una fuente cercana al tema, esto se debe al protocolo establecido por el Departamento de Justicia que señala que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.

Smith presentó el año pasado cargos contra Trump, acusándolo de tramar para revertir los resultados de las elecciones del 2020 y de retener ilegalmente documentos clasificados en su mansión en Mar-a-Lago.

En el caso de la presunta interferencia en las elecciones de 2020, Trump enfrentaría un juicio en marzo en Washington, donde más de 1,000 de sus seguidores han sido condenados por su participación en el motín del Capitolio. Sin embargo, el caso se detuvo mientras Trump argumentaba su inmunidad frente a la persecución legal, argumento que lleg a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La inmunidad amplia otorgada a los expresidentes por el Tribunal Supremo en julio, que incluye cualquier conducta relacionada con las discusiones de Trump con el Departamento de Justicia mientras ocupaba la Casa Blanca, ha complicado aún más el caso.

Esto ha llevado a que la jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, deba determinar qué acusaciones podrían ser juzgadas en este contexto. En respuesta a esta situación, el equipo de Smith presentó recientemente un informe detallado de 165 páginas que busca demostrar que las acciones descritas en la acusación fueron tomadas por Trump como candidato y no como presidente en funciones.

Los abogados de Trump tienen previsto presentar su respuesta en el transcurso de este mes, lo que podría llevar a apelaciones adicionales y retrasar un posible juicio por un año o más.

El equipo de Smith y los abogados de Trump se encuentran en una batalla legal que podría tener ramificaciones significativas para el sistema de justicia en Estados Unidos.

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