Caracas.- El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, detalló este lunes la implicación de varios ciudadanos civiles en la llamada Operación Brazalete Blanco, la cual tenía como objetivo el derrocamiento del Gobierno venezolano. En particular, Saab mencionó la presencia de la opositora Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, en documentos encontrados en poder de los primeros implicados en esta operación terrorista.

Según Saab, los involucrados en la Operación Brazalete Blanco planeaban un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero en Táchira, con el objetivo de apoderarse del parque de armas de estas unidades. Asimismo, tenían planeado atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y del presidente Nicolás Maduro, lo que llevó a las autoridades venezolanas a neutralizar la conspiración.

Durante la presentación de nuevas pruebas, Saab mostró cómo los organizadores y conspiradores contaban con la complicidad de Rocío San Miguel en la trama, revelando pruebas que mostraban la demarcación de zonas de seguridad militar y la elaboración de perfiles de mandos militares del país. Además, señaló que San Miguel había entregado información confidencial a un embajador de una potencia europea y recibido dinero de una trasnacional petrolera, acciones que la alejan de su perfil de defensora de derechos humanos.

Ante estas revelaciones, William Saab se preguntó si el Estado venezolano debería bajar la guardia ante este tipo de amenazas y destacó la importancia de desarticular acciones que atenten contra la soberanía del país. Con estas evidencias, el fiscal general concluyó que Rocío San Miguel está lejos de cumplir con el perfil de una defensora de derechos humanos y más bien se asemeja al de una agente encubierta.

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