La Fiscalía de Brasil solicitó la condena del expresidente Jair Bolsonaro por asociación criminal armada y tentativa de golpe de Estado, tras las elecciones de 2022. El martes, el Ministerio Público Federal presentó cargos contra Bolsonaro y siete excolaboradores por conspirar para impedir la asunción democrática del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La acusación sostiene que Bolsonaro intentó mantenerse en el poder mediante actos que buscaban «perturbar violentamente el orden democrático», según un documento oficial divulgado en la madrugada. El expresidente de extrema derecha, derrotado en las urnas en octubre de 2022, habría diseñado un plan para evitar que Lula asumiera la presidencia constitucionalmente.

Según la fiscalía, los acusados formaron una organización criminal armada con intenciones explícitas de abolir el estado democrático de derecho por medios ilícitos y violentos.

Juicio histórico

La investigación también apunta a delitos como daño al patrimonio público y conspiración contra el proceso electoral, con penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión. El juicio está en manos del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien ya enfrenta críticas por sus decisiones contra cuentas de redes sociales extremistas.

Durante los interrogatorios, Bolsonaro admitió haber considerado un “dispositivo constitucional” para evitar la toma de posesión de Lula, aunque negó haber incurrido en delitos. No obstante, la fiscalía afirma que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal” y actuó deliberadamente contra el proceso institucional de sucesión presidencial.

El plan habría fracasado debido a la negativa de los altos mandos militares a participar en acciones antidemocráticas, lo que debilitó la intentona golpista. Bolsonaro se declaró inocente y víctima de una persecución política, afirmando que su objetivo siempre fue «preservar la Constitución y la voluntad popular».

Trump defiende a Bolsonaro y anuncia represalias

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump calificó el juicio como una “cacería de brujas” y anunció aranceles del 50% a importaciones brasileñas desde el 31 de agosto. Estas declaraciones provocaron una dura respuesta de Lula, quien rechazó la “injerencia extranjera” y prometió evaluar medidas de reciprocidad contra productos estadounidenses.

Lula también manifestó su intención de dialogar con Washington para evitar una escalada comercial que complique aún más la situación diplomática entre ambos países. Mientras tanto, la sociedad brasileña permanece polarizada, a la espera de una decisión judicial que podría redefinir el legado de Bolsonaro y el futuro democrático de Brasil.

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