La Fiscalía solicitó la cancelación de la citación al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para declarar como testigo en la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso AFP, el Ministerio Fiscal argumenta que la presencia de Sánchez no sería útil ni pertinente en el caso.

El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del caso contra Gómez, había anunciado que se desplazaría a la sede del Gobierno para tomar la declaración de Sánchez como testigo. Sin embargo, la Fiscalía mostró su disconformidad con esta decisión, señalando que el presidente no está obligado a declarar contra su cónyuge en virtud de la ley española.

Investigación carecería de precisión

Además, el Ministerio Fiscal critica la premura con la que se ha realizado la citación a Sánchez, manifestando que esto podría afectar la resolución de recursos presentados en el caso. Asimismo, cuestiona la amplitud de la investigación en curso, considerando que carece de precisión y definición.

La Fiscalía solicitó previamente el archivo de la causa, argumentando que la averiguación se ha llevado a cabo de manera desmesurada. En este sentido, ha expresado su preocupación por el impacto y la repercusión que tendría en la vida política del país la declaración de Sánchez en el caso.

Juicio contra Begoña

La acusación sostiene que Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONG, habría aprovechado el cargo de su marido para beneficiar a empresarios con los que mantenía relaciones profesionales, entre ellos Juan Carlos Barrabés, quien también está siendo investigado.

El juez Peinado ha seguido adelante con la causa, abierta tras la denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y la opinión en contra de la Fiscalía.

Este caso, que ha monopolizado el debate político en las últimas semanas en el país, ha llevado a la oposición de derecha a pedir la dimisión de Sánchez, mientras el Ejecutivo lo ha enmarcado en «una persecución absolutamente despiadada» contra Sánchez y su familia.

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