Tel Aviv.- El escándalo político continúa en Israel, esta vez con el foco puesto en la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu. El fiscal general israelí ha ordenado a la policía abrir una investigación en torno a Sara Netanyahu, bajo la sospecha de que acosó a opositores políticos y a una testigo clave en el juicio por corrupción del mandatario israelí, Hadas Klein.

El Ministerio de Justicia de Israel anunció la apertura de la investigación después de que el programa de investigación «Uvda» revelara unos mensajes de WhatsApp en los cuales Sara Netanyahu parece instruir a un exayudante a organizar protestas contra opositores políticos e intimidar a Hadas Klein. Estos hallazgos han desencadenado una nueva controversia en el país.

En un tono de defensa, Benjamin Netanyahu salió en apoyo de su esposa, enumerando los actos amables y caritativos de Sara y criticando el informe de «Uvda» como propaganda falsa. Sin embargo, los problemas jurídicos parecen acumularse para los Netanyahu, con el juicio por corrupción en curso del primer ministro y su relación conflictiva con los medios de comunicación israelíes.

Fiscalía de Israel investiga a Sara Netanyahu

El informe reveló correspondencia entre Sara Netanyahu y Hanni Bleiweiss, un exayudante del primer ministro recientemente fallecido, en la cual Sara alentaba la represión violenta de manifestantes antigubernamentales, organizaba protestas contra los críticos de su esposo y pedía ataques contra Hadas Klein. Esta última ha testificado en el caso de corrupción sobre su papel en la entrega de regalos a Netanyahu por parte de su jefe.

Además, se ha señalado que Sara Netanyahu maltrataba a Bleiweiss, lo que llevó a que compartiera los mensajes con un reportero antes de su muerte. Estas acusaciones se suman a anteriores comportamientos abusivos y al mal uso de fondos estatales por parte de Sara Netanyahu, lo que ha generado una percepción de desconexión con los israelíes comunes.

Las reacciones no se hicieron esperar, con el Ministro de Seguridad Nacional pidiendo la destitución de la fiscal general por la presunta persecución política de ministros del gobierno y sus familias. Por su parte, el Ministro de Justicia ha criticado la focalización en «chismes televisivos» y ha denunciado la aplicación selectiva de la ley como un delito.

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