El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la creación de un nuevo centro de detención de migrantes, el segundo en menos de dos meses, como parte de una política estatal enfocada en el endurecimiento de medidas migratorias. El nuevo centro operará en una prisión estatal abandonada en el norte del estado, a unos 70 kilómetros de Jacksonville, y tendrá capacidad para albergar a más de 1,300 personas.

DeSantis calificó el nuevo espacio como un “depósito de deportación”, y explicó que su apertura responde a la necesidad de ampliar la infraestructura estatal ante lo que describió como una creciente presión migratoria. “Ya hemos alcanzado el punto en que se requiere capacidad adicional”, aseguró durante el anuncio realizado en el Instituto Correccional del condado de Baker.

Segundo centro en expansión migratoria

Este nuevo centro se suma a Alligator Alcatraz, abierto en julio en el sur de Florida. Ubicado en un aeropuerto abandonado en plena zona pantanosa de los Everglades, este primer centro ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, incluyendo el de México, por sus condiciones extremas y cuestionamientos legales.

Alligator Alcatraz cuenta con una capacidad proyectada de hasta 5,000 personas, aunque actualmente, según una jueza federal, opera con unas 2,000 plazas. Su ubicación en un ecosistema inhóspito y su infraestructura improvisada han sido señaladas como factores que ponen en riesgo la integridad de los detenidos y el medio ambiente.

La apertura del nuevo centro en el norte de Florida sigue esa misma línea de contención. Si bien no se han revelado detalles sobre la fecha exacta de inicio de operaciones, el gobernador afirmó que estará “listo pronto”, sin apresuramientos pero sin demoras excesivas.

El anuncio del nuevo centro ocurre en medio de fuertes cuestionamientos hacia la estrategia migratoria del estado, alineada estrechamente con el gobierno federal encabezado por el presidente Donald Trump. Florida es, hasta ahora, el único estado que exige formalmente a sus fuerzas de seguridad cooperar de manera obligatoria con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Organizaciones de derechos civiles y colectivos de defensa migrante han advertido sobre una tendencia a criminalizar la migración y a limitar el acceso de los detenidos a la defensa legal. En el caso de Alligator Alcatraz, han denunciado condiciones que incluyen calor extremo, hacinamiento, escasez de alimentos, negligencia médica, y trato degradante por parte de los custodios.

Además, se han documentado casos de detenciones arbitrarias, incluidos migrantes sin antecedentes penales o detenidos por infracciones menores. El gobierno de México ha reclamado la repatriación inmediata de sus ciudadanos detenidos en dicho centro, con al menos 81 mexicanos identificados hasta el 11 de agosto.

Un modelo en expansión

La reutilización de instalaciones penitenciarias abandonadas para alojar migrantes indocumentados forma parte de un modelo estatal de rápida expansión en infraestructura migratoria. La decisión de utilizar una cárcel en desuso, en lugar de la Base Blanding de la Guardia Nacional —opción previamente considerada—, fue presentada por DeSantis como una solución “más adecuada” para los fines de control migratorio.

La implementación de estos centros marca un giro en el enfoque de detención migratoria a nivel estatal, con implicaciones en el debate nacional sobre los límites de las competencias estatales frente a la política migratoria federal, y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Con este nuevo centro, Florida incrementa significativamente su capacidad de detención migrante, en un contexto electoral y político donde la migración sigue siendo uno de los ejes centrales. La medida podría tener repercusiones tanto a nivel legislativo como judicial, dado el creciente número de demandas por condiciones de detención y afectaciones a comunidades indígenas y ecosistemas naturales.

Aunque el gobierno estatal defiende la iniciativa como una medida de orden y seguridad, organizaciones sociales insisten en que se trata de una estrategia punitiva y excluyente, que requiere mayor escrutinio y control institucional.

También te puede interesar:

1. Sheinbaum califica como “acto internacional y único” la toma de protesta de la nueva SCJN