La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció este viernes que el Gobierno presentará una denuncia penal contra los manifestantes que incendiaron bienes públicos durante la tercera jornada de protestas contra la controversial ‘ley ómnibus’.

En un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria también hizo hincapié en la necesidad de identificar a aquellos que cometieron actos vandálicos.

«Las organizaciones detrás de estos actos deberán asumir la responsabilidad y pagar por los daños causados, así como por los gastos operativos», afirmó Bullrich. Además, reflejó la postura del Gobierno al repetir uno de los eslóganes del Ejecutivo: «El que las hace, las paga».

A pesar de no referirse directamente a los acontecimientos represivos ocurridos durante las manifestaciones, la ministra felicitó al «profesionalismo de las fuerzas federales» en su respuesta a los disturbios.

En la misma línea, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, instruyó a las autoridades locales a tomar medidas legales contra todas las personas involucradas en los actos de agresión y destrucción de bienes.

«Vamos a exigir que los responsables asuman los costos de los daños que han generado», aseguró Macri. Lo anterior adjuntando fotografías de los desmanes. «Son delincuentes», enfatizó en su publicación.

Estos pronunciamientos se dan luego de una serie de incidentes que han sacudido la capital argentina durante la semana. En la cual se ha visto reflejado el malestar generado por la ‘ley ómnibus’, el proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei. El cual busca desregular la economía y facilitar las privatizaciones.

La jornada de protestas, que inició tras la aprobación en lo general de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados, fue marcada por la quema de objetos, como contenedores y vallas de madera. Mientras la Policía respondía con balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Además, un grupo de jubilados fue reprimido. Lo anterior a pesar de que no bloqueaban completamente las calles, cumpliendo con las exigencias del Gobierno y su controversial protocolo ‘antipiquetes’.

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