El gobierno de Argentina ha anunciado que descontará el día no trabajado a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero. Esta medida ha sido impulsada en respuesta a la convocatoria de la principal central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales promovidas por el presidente Javier Milei.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó durante una rueda de prensa que «el salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará». Además, Adorni calificó de «infantiles» las razones esgrimidas por los líderes de la CGT para convocar la medida de fuerza.

Línea anónima, huelga general y proyecto de ley

Como parte de su estrategia, el Gobierno ha decidido abrir una línea telefónica anónima para que todos aquellos empleados estatales que se sientan extorsionados, amenazados u obligados a parar, puedan denunciarlo. Esta iniciativa pretende contrarrestar las acciones de la CGT y otras centrales sindicales y organizaciones sociales izquierdistas que acusan al gobierno de amedrentar a los trabajadores y «criminalizar» la protesta social.

La protesta convocada por la CGT el pasado 28 de diciembre es la primera huelga general contra el presidente Milei, quien asumió el poder el 10 de ese mismo mes. La medida de fuerza surge como respuesta a un decreto presidencial que plantea la derogación o modificación de más de 300 leyes con el objetivo de desregular la economía y realizar cambios profundos en el ámbito laboral. Además, la protesta también rechaza un amplio proyecto de ley que busca modificar diversos aspectos políticos, sociales, fiscales y de seguridad.

¿Qué dice el decreto presidencial?

El decreto en cuestión restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte. Asimismo, contempla la posibilidad de implementar nuevos mecanismos de indemnización que facilitarán el despido de empleados. Otro aspecto destacable de la normativa es que permitirá a los trabajadores destinar sus aportes directamente a prestadores de salud privada, en lugar de hacerlo a través de las obras sociales sindicales.

Desde su asunción, Milei ha llevado a cabo un severo plan de ajuste para reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, los cuales se consideran los principales responsables de la alta inflación del país. Posteriormente, publicó el polémico decreto y presentó un proyecto de ley reformista, el cual actualmente se encuentra en debate en las comisiones legislativas. Sin embargo, el futuro de estas iniciativas es incierto debido a la clara desventaja numérica del oficialismo en ambas cámaras.