El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal encargada de proveer servicios de agua potable y saneamiento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense.

Según detalló el portavoz presidencial Manuel Adorni, la medida contempla la transferencia del 90% de las acciones de la compañía a capitales privados, en lo que el Ejecutivo ha calificado como parte de su política de reducción del Estado y del gasto público.

“Desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes por más de 13 mil millones de dólares”, argumentó Adorni, al señalar que la empresa presenta un “deterioro en infraestructura”, un “aumento del 90% en el personal” y un “crecimiento en la morosidad de usuarios”, que pasó del 4 al 16%.

Un esquema mixto de venta y participación obrera

El esquema planteado será mixto: incluirá una licitación nacional e internacional para elegir un nuevo operador y una oferta pública inicial (IPO) para abrir el capital a otros inversores.

Además, el 10% del capital social se reservará a través del Programa de Propiedad Participada, lo que permitirá a los empleados de la empresa conservar una porción accionaria.

AySA: de privatización a estatización y regreso

AySA fue creada en 2006, luego de que el Estado argentino pusiera fin a la concesión de Aguas Argentinas, controlada por la multinacional francesa Suez, que había sido adjudicada durante las privatizaciones del Gobierno de Carlos Menem en 1993.

Aunque el vocero Adorni remarcó deficiencias en la gestión estatal, un informe interno reciente de la gerencia de AySA señala que la empresa logró superávit en 2024, gracias a los ajustes tarifarios. El dato será usado, según el gobierno, para posicionar a AySA como una inversión rentable de cara a potenciales oferentes.

Segundo proceso de privatización bajo la administración Milei

Esta decisión se suma a la reciente venta parcial de la empresa siderúrgica Impsa, concretada en enero de este año. Fundada hace 118 años, Impsa fue transferida a un consorcio de capitales estadounidenses.

Diversos sectores han manifestado preocupación por el posible impacto laboral, pues se anticipan recortes de personal, en un país que ya enfrenta elevados niveles de desempleo y pobreza.

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