El Gobierno argentino encabezado por el presidente, Javier Milei, ha anunciado una medida controvertida que afectará a aquellos ciudadanos que participen en manifestaciones y realicen cortes de calles, convocados para el próximo miércoles en protesta contra las políticas del nuevo mandatario.

Según declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes se sumen a estas movilizaciones perderán el acceso a sus prestaciones y programas sociales. Bajo el argumento de garantizar el derecho a la libre circulación, Pettovello afirmó que «los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle».

La advertencia, dirigida a todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado en los cortes de las calles, implica la eliminación del diálogo con el Ministerio de Capital Humano y la pérdida de los planes sociales.

Esta medida supone un cambio significativo en la forma en que el Gobierno gestionará los programas sociales. Lo anterior debido a que iniciará un proceso de auditoría a todas las organizaciones que entreguen estos beneficios. Además, se eliminarán los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales, poniendo en marcha un proceso de eliminación de la intermediación.

Ante la preocupación de algunos sectores de la sociedad, especialmente madres que asisten a las marchas con sus hijos, Pettovello aseguró que es innecesario exponer a los niños al calor y a la violencia de las manifestaciones.

Por su parte, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, ratificó la movilización del próximo miércoles y advirtió sobre las consecuencias de estas medidas. Según Belliboni, tras la congelación de las ayudas sociales, estas finalmente desaparecerán debido a la inflación en el país.

Las declaraciones de Pettovello y las medidas anunciadas han generado polémica entre los distintos sectores políticos y sociales. Algunos argumentan que se trata de un ataque y una amenaza a los trabajadores desocupados. Mientras que otros expresan su apoyo a la decisión del Gobierno de Milei.

Es importante destacar que estas medidas juegan un papel fundamental en el contexto de un país que enfrenta diversos desafíos económicos y sociales. A pesar de la controversia generada, el Gobierno busca mantener el orden y la normalidad en las calles. Lo anterior sin obstruir el derecho a manifestarse, pero estableciendo consecuencias para aquellos que interrumpan la circulación y causen inconvenientes a la ciudadanía en general.

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