Más de seis mil migrantes, en su mayoría de origen latinoamericano, fueron incluidos en una base de datos oficial de personas fallecidas por órdenes de la Administración del presidente Donald Trump, lo que les impide acceder a empleo legal o beneficios sociales en Estados Unidos, reveló el diario The Washington Post.

Según el informe, esta medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el propósito de desalentar la permanencia de personas indocumentadas en el país. Un funcionario de la Casa Blanca explicó al rotativo que la estrategia busca presionar a estos migrantes para que abandonen voluntariamente el territorio estadounidense.

La política se formalizó a través de dos memorandos internos firmados el pasado lunes, los cuales permiten a la Administración del Seguro Social agregar a migrantes al archivo de defunciones bajo el argumento de motivos de seguridad nacional.

Las personas afectadas por esta medida incluyen a migrantes que anteriormente contaban con autorización legal, pero cuyo estatus ha expirado durante el actual gobierno. También abarca a quienes ingresaron bajo programas migratorios de la administración de Joe Biden, vigentes entre 2021 y 2025. Algunas de las personas en cuestión, según las fuentes citadas por el diario, figuran en la lista de vigilancia del FBI por posibles vínculos con actividades delictivas.

Además, el Gobierno de Trump planea incluir en esta base de datos a aproximadamente 92 mil migrantes con antecedentes penales, como parte de un enfoque más estricto en materia migratoria.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar los incentivos económicos, buscamos que los migrantes indocumentados opten por regresar a sus países de origen”, afirmó Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado.

Sin embargo, algunos funcionarios del Seguro Social han expresado dudas legales sobre esta práctica, advirtiendo que registrar como fallecidas a personas vivas podría violar normativas sobre privacidad y derechos civiles.

Esta acción se suma a una serie de medidas adoptadas por la actual administración, que incluyen la revocación de permisos migratorios concedidos por la gestión anterior, el desarrollo de una aplicación móvil para solicitar deportación voluntaria, y la transferencia de supuestos miembros del crimen organizado a una prisión de alta seguridad en El Salvador.

El anuncio ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones pro-migrantes, quienes alertan sobre el posible impacto de esta política en miles de familias y su legalidad bajo la legislación estadounidense.

También te puede interesar:

• Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, es hospitalizado de emergencia