El gobierno del presidente Donald Trump ha reactivado los vuelos de deportación hacia terceros países, enviando recientemente a cinco ciudadanos —provenientes de Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba— a Esuatini, en el sur de África. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) este martes.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, informó en la red social X que el vuelo de deportación ya aterrizó y transportaba a personas “tan excepcionalmente peligrosas que sus países de origen se negaron a recibirlas de regreso”. De acuerdo con la funcionaria, los cinco hombres enfrentan acusaciones por delitos graves como asesinato, robo y agresión.

La medida marca una nueva fase en la política migratoria del actual gobierno, que ha retomado las deportaciones a países considerados «seguros», incluso si no son el lugar de origen del migrante. Estas acciones se ven respaldadas por una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dio luz verde a las expulsiones exprés hacia terceros países, revirtiendo una orden judicial previa que había bloqueado temporalmente esta práctica.

La decisión del alto tribunal permitió, entre otros casos, la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, entre ellos dos ciudadanos cubanos y uno mexicano, quienes habían estado retenidos en una base militar en Yibuti desde finales de mayo y fueron finalmente trasladados la semana pasada.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha enfatizado su compromiso con una política migratoria más estricta, acelerando las expulsiones a países como El Salvador, Sudán y, más recientemente, Esuatini. Esta línea de acción forma parte de sus promesas de campaña en materia de seguridad fronteriza y control migratorio.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias de estas deportaciones. Diversos colectivos han calificado estas medidas como una vulneración al debido proceso y a los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente en casos en los que los expulsados podrían enfrentarse a situaciones de riesgo en los países de destino.

El uso de terceros países como destino final de deportación ha sido una estrategia controversial, que genera un debate en torno a la legalidad y la ética de enviar a personas a lugares donde no tienen vínculos, familiares ni redes de apoyo.

El DHS no especificó si se prevén nuevos vuelos con frecuencia similar ni bajo qué criterios se determinarán los países receptores.

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