El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves restricciones a la atención médica para menores transgénero en Estados Unidos, apuntando a limitar el financiamiento federal a instituciones de salud que ofrezcan tratamientos de afirmación de género.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., explicó que el gobierno está tomando seis acciones decisivas con el objetivo de proteger a los niños de lo que describió como “mutilación química y quirúrgica”. Kennedy Jr. afirmó que estas medidas se basan en “la ciencia de más alto nivel” y en la Orden Ejecutiva firmada en enero, al inicio del segundo mandato de Trump, que busca restringir el acceso a procedimientos de cambio de sexo en menores.

Entre las acciones anunciadas, el Departamento de Salud firmó una declaración que rechaza los procedimientos de reasignación de sexo, argumentando que no son tratamientos “seguros ni efectivos” para menores con disforia de género. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid propusieron normas que prohibirían el uso de fondos federales para financiar estos tratamientos, lo que podría bloquear pagos a hospitales y proveedores de atención médica de género infantil.

Otras medidas incluyen cartas de advertencia a 12 fabricantes de fajas para el pecho, utilizadas en mastectomías relacionadas con cáncer, por su comercialización a menores con disforia de género, señalando que esto constituiría “violaciones regulatorias significativas”. Kennedy Jr. advirtió que, de no cumplir, los fabricantes podrían enfrentar medidas coercitivas, incluida la incautación de productos.

El secretario de Salud también subrayó que la administración busca revertir intentos de la Administración Biden por incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad. Según un comunicado del Departamento de Salud, la evidencia actual “no respalda” que bloqueadores de la pubertad, hormonas de reasignación de sexo o cirugías sean tratamientos seguros o efectivos para menores con disforia de género.

Especialistas en salud y activistas por los derechos LGTBIQ han criticado las nuevas regulaciones, señalando que podrían restringir gravemente el acceso a atención pediátrica de afirmación de género. Actualmente, 27 estados ya prohíben estos procedimientos en menores, y la orden ejecutiva de enero refuerza las limitaciones sobre el financiamiento federal.

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