El gobierno francés desveló este miércoles un proyecto de ley para calmar al mundo agrícola, tras las protestas de enero, que prevé medidas para construir reservas de agua y reducir las sanciones por daños a la naturaleza.

El Consejo de Ministros presentó «el proyecto de ley de orientación para la soberanía agrícola y la renovación general en la agricultura», que el Parlamento bicameral francés deberá debatir ahora a partir de mayo.

La ley busca paliar «dos desafíos», según el gabinete del ministro de Agricultura Marc Fesneau: el reemplazo de más de un tercio de los agricultores que se jubilarán en el próximo decenio y el cambio climático.

«Necesitamos un 30% más de aprendices de inmediato» para frenar la continua erosión de la población agrícola en Francia, donde se perdieron 100.000 granjas en 10 años, agregó esta fuente.

Medidas introducidas a raíz de las protestas agrarias podrían provocar el rechazo

Aunque este objetivo se anuncia consensual, otras medidas introducidas a raíz de las protestas agrarias podrían provocar el rechazo de parte de la oposición de izquierda, a imagen de las oenegés.

La ley «se orienta hacia la industrialización y negación de la emergencia medioambiental, y complace todas las cínicas reivindicaciones de los sindicatos productivistas», indicó el grupo ecologista Agir pour l’environnement.

Como exigía el primer sindicato agrario FNSEA, el proyecto de ley consagra la agricultura, la pesca y la acuicultura como «interés general de primer orden», al garantizar la «soberanía alimentaria».

Esta medida busca «alimentar la reflexión de un juez» cuando deba pronunciarse sobre un proyecto agrícola, que oponga la producción de alimentos a la protección de la naturaleza, según el ministerio.

El gobierno también busca acelerar el proceso de construcción de reservas de agua de uso agrícola y reducir las sanciones por daños medioambientales, como la destrucción de setos, claves para la biodiversidad.

La idea es pasar de un «régimen penal» a uno de multas, explicó en rueda de prensa Fesneau, agregando que «quien dañe el medio ambiente debe repararlo y ser multado».

Los agricultores franceses protestaron a inicios de año para denunciar un aumento de las cargas económicas, una pesada burocracia, unas estrictas normas medioambientales y una falta de ayudas al sector, entre otros reclamos.