El Gobierno de Nicolás Maduro excarceló este jueves a 71 personas detenidas por motivos políticos, en el marco de los procesos judiciales abiertos tras las elecciones presidenciales de 2024, según informaron organizaciones de familiares de los reclusos.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad precisó en un comunicado que las liberaciones comenzaron en la madrugada y beneficiaron a 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes. De acuerdo con el colectivo, los hombres se encontraban recluidos en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua; las mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y los adolescentes, en instalaciones de reclusión en La Guaira.

Aunque el comité valoró positivamente las excarcelaciones, sostuvo que la medida resulta “insuficiente” frente a la magnitud del problema. Las madres y familiares reiteraron su exigencia de una amnistía general que permita la liberación total de las personas detenidas tras los comicios. A su juicio, la situación judicial sigue afectando a cientos de familias en distintas regiones del país.

Las voceras del colectivo recordaron que, en octubre pasado, denunciaron que el proceso de liberaciones se encontraba paralizado desde marzo de 2025, razón por la cual solicitaron la revisión individual de los expedientes de los detenidos.

Las excarcelaciones también fueron confirmadas a través de la red social X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada igualmente por familiares de personas arrestadas en el contexto poselectoral.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela entró en una nueva fase de conflictividad política, luego de que el Consejo Nacional Electoral, señalado por la oposición como afín al oficialismo, proclamara la reelección de Nicolás Maduro. La oposición mayoritaria denunció un fraude electoral y reivindicó la victoria del candidato Edmundo González Urrutia.

En ese escenario, se produjeron más de 2.400 detenciones, de acuerdo con cifras oficiales. La Fiscalía calificó a los arrestados como responsables de actos terroristas, mientras que ONG nacionales e internacionales y partidos opositores sostienen que se trata de presos políticos detenidos de manera arbitraria.

El Ejecutivo venezolano, por su parte, insiste en que el país está “libre de presos políticos” y argumenta que quienes permanecen encarcelados enfrentan procesos por delitos comunes graves, una versión que es cuestionada de forma reiterada por organizaciones de derechos humanos.

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