La crisis política e institucional en Guatemala ha escalado a nivel internacional. El canciller guatemalteco, Carlos Martínez, se presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. para denunciar formalmente un «golpe de Estado técnico» orquestado contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, bajo la figura de una persistente «guerra legal» o lawfare.

Esta grave acusación se produce en medio de una intensa y continua ofensiva judicial por parte del Ministerio Público, encabezado por la polémica procuradora general, Consuelo Porras, quien ha sido sancionada previamente por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de ser «corrupta» y «antidemocrática».

El Asedio Judicial y la Anulación del Partido Semilla

El presidente Arévalo había denunciado un nuevo intento de «golpe de Estado» el pasado domingo, luego de que un juez, a solicitud de la fiscalía de Porras, emitiera una orden que pretendía la anulación absoluta del partido político del mandatario, Semilla.

Arévalo consideró esta acción judicial como un intento directo por desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones de 2023, en las que resultó ganador, y solicitó de inmediato una sesión extraordinaria ante la OEA para exponer la situación.

El canciller Martínez fue enfático al describir la táctica utilizada en la sesión: «Estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o ‘lawfare'». Martínez agregó que la maniobra se está fraguando «bajo el asedio de la guerra legal o ‘lawfare’. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales arropándose bajo una aparente legalidad».

La Voluntad Popular vs. el Uso Abusivo de la Ley

Martínez insistió en la defensa de la democracia guatemalteca y el respeto al voto ciudadano, declarando: «ninguna institución está por encima de la voluntad popular, y por ello condenamos el uso de ‘lawfare’ como herramienta para deslegitimar gobiernos electos». La postura guatemalteca fue respaldada por varios países miembros de la OEA, que manifestaron su preocupación por la estabilidad democrática en el país centroamericano.

Mientras la crisis se desarrolla, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial de Guatemala, intentó poner un dique legal a la situación al ratificar la validez del triunfo electoral y la investidura de Bernardo Arévalo en un fallo emitido el mismo miércoles.

La Fiscalía Eleva la Apuesta: Petición de Retiro de Inmunidad

Sin embargo, el Ministerio Público demostró que su ofensiva no cesa. Poco después de la ratificación de la CC, la fiscalía presentó una nueva y grave solicitud ante la Corte de Justicia: retirar la inmunidad al presidente Arévalo.

El argumento de la fiscalía para esta acción es investigar al mandatario por un supuesto incumplimiento de deberes relacionado con la reciente fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18. Dicha organización criminal es considerada como «terrorista» tanto por Estados Unidos como por el propio gobierno guatemalteco, elevando el nivel de la confrontación judicial a un plano de seguridad nacional.