La organización Human Rights Watch (HRW) insta al Gobierno de México a tomar medidas concretas para garantizar el acceso al aborto en todo el país, eliminando el delito de aborto del Código Penal Federal y eliminando las barreras legales y sociales que dificultan la interrupción segura del embarazo.

En un informe reciente, HRW señaló que, a pesar de que el Congreso de la Unión tenía como plazo límite el final del 2023 para eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, siguen existiendo obstáculos significativos en la aplicación de las leyes relacionadas con el aborto en México.

Despenalización en 15 estados de la República Mexicana

Uno de los principales puntos de enfoque del informe fue el Estado de México, el más poblado del país y donde el aborto sigue siendo ilegal en el Código Penal estatal, salvo en casos excepcionales. HRW documentó que las autoridades y los proveedores de salud no garantizan el acceso al aborto, incluso en los casos contemplados en la legislación local.

Aunque hasta ahora 15 estados han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, antes de la semana 13), la organización señaló que el aborto sigue siendo considerado un delito en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales) de México.

Entre las excepciones a la penalización del aborto se encuentra el aborto por violación, pero, según HRW, las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten. Los obstáculos incluyen proveedores de atención médica que niegan o retrasan los servicios, no proporcionan la información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres y imponen requisitos arbitrarios que van en contra de las leyes y regulaciones vigentes.

Delito borra delito

El informe rescata el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación e intentó abortar en un hospital público del Estado de México, donde «un médico le informó que no prestaban este servicio”. Posteriormente, Ana accedió a un aborto con medicamentos en Ciudad de México.

Cuando Ana acudió a la Fiscalía para denunciar la violación, le dijeron que no podía denunciarlo «porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito”.

Este caso no es aislado. Según el informe de HRW, más de 72.000 personas han tenido que desplazarse a la capital desde 2007 para interrumpir un embarazo, debido a que en el Estado de México se les niega este derecho. La criminalización del aborto se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por este motivo en la Fiscalía estatal, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que no se pueden condenar abortos en etapas tempranas del embarazo en 2021.

Además, HRW ha documentado casos de menores de edad y personas con discapacidad que han sido obligadas a obtener una autorización parental o interdicción para acceder al servicio, incluso cuando la ley no lo exige. La falta de acceso a servicios de aborto en instituciones federales de salud como el IMSS y el ISSSTE, a pesar de estar obligadas por una sentencia judicial, también ha sido resaltada por la organización.

La falta de personal y la objeción de conciencia en el personal de salud ponen en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres, sino que también perpetúa la violencia y la impunidad en casos de violencia sexual.

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