En un movimiento calificado como un ataque directo a los derechos fundamentales, el gobierno húngaro ha promulgado una ley que criminaliza las manifestaciones públicas en favor de la diversidad sexual y de género, marcando un sombrío preludio para el mes del Orgullo LGBTI+.

La medida, aprobada sin debate y con celeridad, ha generado una ola de indignación internacional y el firme compromiso de la comunidad afectada a resistir este intento de invisibilización.

El pasado marzo de 2025, el Parlamento de Hungría dio luz verde a una reforma legal que prohíbe tajantemente cualquier manifestación pública que promueva la diversidad sexual y de género si esta puede ser observada por menores de edad. Esta legislación, bautizada por críticos como la “Ley del Orgullo”, convierte en un acto delictivo la organización de eventos como la tradicional Marcha del Orgullo de Budapest, bajo la polémica justificación de que dichas expresiones "pervierten a las infancias".

La tramitación de esta ley fue tan veloz como opaca, sin espacio para la consulta pública ni un debate parlamentario profundo. Con un contundente respaldo de 136 votos a favor frente a solo 37 en contra, la normativa prohíbe cualquier tipo de reunión que represente o difunda identidades que se salgan de la heteronorma ante menores de 18 años. Lo más alarmante es que otorga a las autoridades amplias facultades para imponer severas multas, utilizar tecnologías de reconocimiento facial para identificar a los asistentes e incluso sancionar penalmente a los organizadores de estos eventos.

Las consecuencias para quienes desafíen esta ley son significativas. Participar en una marcha podría acarrear multas de hasta 200,000 forintos (aproximadamente 11,000 pesos mexicanos), mientras que los organizadores se enfrentan a penas de prisión de hasta un año.

Organizaciones de derechos humanos de renombre, como el Comité Helsinki, Amnistía Internacional, la Fundación Misión Arco Iris (organizadora principal de la marcha), la Sociedad Háttér y la Sociedad para las Libertades Civiles, han alzado su voz en un comunicado conjunto, denunciando que “al prohibir el evento, el Estado restringe de forma arbitraria y discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales: el de la reunión pacífica y la libertad de expresión”.

Desde las filas del gobierno liderado por el primer ministro Viktor Orbán, se defiende la ley argumentando la necesidad de proteger el desarrollo “físico, mental y espiritual” de los niños.

La legislación establece que este "interés superior" debe prevalecer sobre cualquier otro derecho fundamental, con la única excepción del derecho a la vida, lo que ha suscitado profunda preocupación entre juristas que ven en esta primacía una contradicción con el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos consagrado en la Declaración Universal.

Viktor Orbán, líder del partido ultraconservador Fidesz, que ostenta una amplia mayoría parlamentaria, ha declarado públicamente que el Estado húngaro había sido “demasiado tolerante” y que era imperativo “marcar una línea roja”. Su administración ha impulsado consistentemente políticas que restringen los derechos de la comunidad LGBTI+ y obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil.

El 28 de junio, una fecha de profundo significado para la comunidad LGBTI+, estaba prevista la tradicional Marcha del Orgullo en Budapest. Sin embargo, bajo la nueva legislación, cualquier manifestación pública relacionada con la diversidad sexual podría ser objeto de sanciones.

“La reciente ley contra el Orgullo es la última medida que ataca y estigmatiza a las personas y los grupos LGBTI+, intentando eliminar derechos conquistados con tanto esfuerzo”, advirtió Amnistía Internacional, enfatizando que “se espera que gran número de personas salgan a la calle pacíficamente y debe permitírseles que desfilen con seguridad”.