El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enfrentará un juicio federal el próximo 26 de mayo por presuntas violaciones a los derechos de personas migrantes detenidas en sus instalaciones de Manhattan, en un caso que ha sido calificado por organizaciones civiles como un ejemplo de condiciones “inhumanas” de detención.

El proceso judicial se llevará a cabo ante el juez Lewis Kaplan, en la corte del distrito sur de Nueva York, y deriva de una demanda presentada en agosto por la organización Make the Road New York, junto con la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker.

Los demandantes sostienen que los migrantes fueron retenidos en condiciones de hacinamiento, insalubridad y sin acceso adecuado a asesoría legal, lo que, argumentan, constituye una violación a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. En particular, acusan que se les negó el derecho a comunicarse con abogados y que fueron sometidos a “condiciones punitivas” sin debido proceso.

De acuerdo con la querella, muchas de las personas afectadas fueron detenidas tras acudir a citas en cortes migratorias o trámites legales, para luego ser trasladadas a oficinas del ICE ubicadas en el 26 Federal Plaza, un edificio que alberga diversas dependencias federales en Manhattan.

Las denuncias cobraron visibilidad tras la difusión de un video por parte de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en el que se observa a personas durmiendo en el suelo, compartiendo sanitarios sin privacidad y sin acceso a duchas, además de reportarse limitaciones en alimentos y atención médica.

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han rechazado las acusaciones y sostienen que el inmueble no funciona como centro de detención. Asimismo, se ha señalado que en diversas ocasiones se negó el acceso a legisladores federales que buscaban inspeccionar las instalaciones.

Tras la presentación de la demanda, el juez Kaplan ordenó medidas iniciales para mejorar las condiciones de las personas retenidas, mientras ambas partes avanzaban en el proceso de recopilación de pruebas. En este periodo, abogados del gobierno —durante la administración del presidente Donald Trump— y defensores de migrantes han intercambiado información y tomado declaraciones a funcionarios del ICE.

El juicio podría sentar un precedente sobre los límites legales en la detención administrativa de migrantes en Estados Unidos, en medio de un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias y el trato a personas en proceso de regularización.

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