El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció la deportación de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la Flotilla Global Sumud. Ambos habían permanecido encarcelados en territorio israelí durante más de una semana tras ser interceptados por la Marina en aguas internacionales, en un operativo que organizaciones de derechos humanos han calificado como un «secuestro» que viola el derecho internacional.

A través de un comunicado oficial, el gobierno israelí justificó la medida calificando a los activistas como «provocadores profesionales» y reiterando que no permitirán ninguna violación al bloqueo naval que mantienen sobre la Franja de Gaza.

Denuncias de tortura y privación del sueño

A pesar del anuncio de deportación, el centro legal Adalah, que representa a los detenidos, informó que hasta esta mañana no contaban con una confirmación oficial de su salida de prisión.

La organización ha mantenido una vigilancia constante debido a las condiciones «punitivas» en las que se encontraban los activistas.

Según reportaron sus abogadas tras visitarlos en prisión, tanto Abukeshek como Ávila fueron sometidos a aislamiento y a una táctica de tortura psicológica consistente en mantener luces de alta intensidad encendidas las 24 horas del día. Esta práctica, utilizada por el Servicio Penitenciario Israelí, tiene como objetivo provocar desorientación sensorial y privación del sueño en los internos.

Huelga de hambre y presión diplomática

Ante la falta de cargos formales en su contra, los dos activistas iniciaron una huelga de hambre desde el momento de su arresto. La situación de salud de Saif Abukeshek se volvió crítica desde la noche del 5 de mayo, cuando decidió intensificar su protesta negándose también a ingerir agua.

El caso escaló a niveles diplomáticos internacionales. José Manuel Albares, Ministro de Exteriores de España, adelantó que el activista hispanopalestino sería deportado a través del paso de Taba, en la frontera con Egipto.

Por su parte, la ONU se pronunció exigiendo la liberación «inmediata e incondicional» de los miembros de la flotilla, subrayando que las misiones de solidaridad y ayuda humanitaria para la población de Gaza no constituyen un delito bajo ninguna legislación internacional.

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