El Ministerio de Justicia de Italia desmintió categóricamente las versiones difundidas por medios locales que aseguraban que el Gobierno había frenado la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2023, en caso de que este decidiera asistir al funeral del papa Francisco.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, calificó como "totalmente infundadas" las publicaciones de algunos periódicos italianos, entre ellos Il Corriere della Sera y La Repubblica, que señalaron omisiones por parte de su cartera para activar el procedimiento legal que haría efectiva la orden de detención. "Putin nunca ha ingresado ni hubo indicios de que estuviera por ingresar al territorio italiano", afirmó Nordio en un comunicado oficial.

El ministro explicó que, conforme a la normativa vigente, la presencia física del individuo o la certeza de su entrada inminente al país es un requisito indispensable para que las autoridades puedan iniciar formalmente los trámites de detención y extradición. "No puede ejecutarse una orden sin que se cumplan esas condiciones", subrayó.

La polémica se intensificó tras conocerse que más de 130 delegaciones internacionales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, asistirán este sábado al funeral del pontífice en la Plaza de San Pedro. Si bien se especuló sobre una posible participación de Putin, fuentes oficiales rusas confirmaron que será la ministra de Cultura, Olga Lyubimova, quien representará al Kremlin en las exequias.

Según Il Corriere, aunque el riesgo de arresto era mínimo, una supuesta falta de actuación por parte del Ministerio de Justicia —al no remitir la documentación correspondiente a la Fiscalía General de Roma para su posterior traslado al Tribunal de Apelación— habría dejado la orden internacional sin posibilidad de ejecución en territorio italiano.

La situación recuerda al caso del libio Osama Al Masri, buscado por la CPI y liberado por las autoridades italianas a principios de este año, tras errores en la tramitación del proceso de extradición, según señalan los mismos diarios.

La controversia ha generado inquietud en el ámbito político italiano, donde sectores de la oposición exigieron este jueves explicaciones al Gobierno sobre la aparente inacción frente a una orden emitida por un tribunal del que Italia forma parte como Estado miembro.

El Gobierno insiste en que cumplirá con sus compromisos internacionales, pero sostiene que en este caso específico no existieron las condiciones legales necesarias para activar el procedimiento judicial.

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