Takahiro Shiraishi, conocido mediáticamente como el "asesino de Twitter", fue ejecutado este viernes en Japón, tras ser condenado a la pena capital por el homicidio y desmembramiento de nueve personas en 2017. Esta es la primera aplicación de la pena de muerte en el país desde 2022, según reportaron medios locales como NHK y Kyodo News. El Ministerio de Justicia no ha emitido una confirmación oficial inmediata, pero anunció una próxima conferencia de prensa al respecto.

Shiraishi, de 34 años, recibió la sentencia en 2020 después de admitir su culpabilidad en los crímenes, que ocurrieron entre agosto y octubre de 2017. Las víctimas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, fueron contactadas por Shiraishi a través de Twitter, ahora conocida como X. La investigación judicial determinó que las víctimas habían expresado pensamientos suicidas en redes sociales, y Shiraishi se ofrecía a "ayudarlas a morir", atrayéndolas a su domicilio en Zama, prefectura de Kanagawa, donde las asesinaba y desmembraba.

Durante el juicio, Shiraishi reconoció los hechos, declarando ante el tribunal: "Sí, los maté, y no hay duda de eso". El caso generó una fuerte conmoción en la opinión pública japonesa, tanto por la brutalidad de los actos como por la utilización de plataformas digitales para contactar a sus víctimas.

Los restos de los cuerpos fueron encontrados desmembrados y almacenados en cajas y neveras portátiles en su pequeño apartamento. La investigación policial se inició tras la denuncia del hermano de una de las víctimas, quien logró acceder a la cuenta de Twitter de su hermana y descubrir conversaciones con el acusado.

El sistema de pena capital en Japón

La pena de muerte en Japón se aplica exclusivamente mediante ahorcamiento y se lleva a cabo en secreto. Los condenados son informados de su ejecución con solo unas horas de antelación, una práctica que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales debido a sus efectos en la salud mental de los reclusos. Aunque la ley japonesa establece que la ejecución debe realizarse dentro de los seis meses siguientes a la sentencia firme, en la práctica suelen transcurrir varios años.

En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia informó que había 107 personas en el corredor de la muerte. Los detenidos permanecen en régimen de aislamiento durante años, sin conocer la fecha de su ejecución. Amnistía Internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones que esta "incertidumbre permanente constituye una forma de tortura psicológica".

Japón y Estados Unidos son los únicos dos países del G7 que aún mantienen la pena de muerte. A pesar de las críticas internacionales, la sociedad japonesa muestra un alto grado de respaldo a esta práctica. Una encuesta gubernamental de 2024 reveló que el 83% de los encuestados considera que la pena capital es "inevitable" para ciertos crímenes.

La última ejecución en Japón antes del caso de Shiraishi fue en 2022, cuando se ejecutó a Tomohiro Kato, condenado por un ataque con vehículo y cuchillo en el barrio de Akihabara en 2008, que resultó en siete muertes. En 2018, se llevaron a cabo ejecuciones de alto perfil, incluyendo la del líder de la secta Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, y doce de sus seguidores, responsables del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.

El caso de Takahiro Shiraishi ha reavivado el debate sobre la pena de muerte, la vulnerabilidad de las personas en redes sociales y la necesidad de una mayor vigilancia sobre los contenidos relacionados con el suicidio en internet. La ejecución ha sido observada de cerca por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, que continúan pidiendo mayor transparencia en el sistema penal japonés.

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