Una jueza federal emitió este viernes una orden de restricción temporal que impide al gobierno del expresidente Donald Trump aplicar una medida que prohibiría la inscripción de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard. La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por la institución, que calificó la política como una represalia política inconstitucional.

La magistrada Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito en Boston, consideró que Harvard enfrentaría “un daño inmediato e irreparable” si la medida del gobierno se aplicara antes de que se resuelva el caso en una audiencia programada para el próximo 27 de mayo. La orden entró en vigor de forma inmediata y busca frenar temporalmente los efectos de la disposición federal.

En el escrito judicial, Harvard denunció que el intento de eliminar el acceso de estudiantes extranjeros a sus aulas podría afectar directamente a más de 7.000 titulares de visas y desestabilizar la comunidad académica a pocos días de la ceremonia de graduación. La universidad aseguró que la medida equivale a eliminar una cuarta parte de su población estudiantil, afectando su capacidad educativa y su prestigio internacional.

“Sin sus estudiantes extranjeros, Harvard no es Harvard”, declaró la universidad en su demanda, subrayando la relevancia de este grupo en múltiples niveles, desde la docencia hasta la investigación.

La institución también alertó que la disposición tendría un impacto particularmente severo en programas de posgrado como los de la Facultad Kennedy y la Facultad de Negocios, donde los estudiantes internacionales representan una proporción significativa del alumnado. Según la demanda, estos alumnos contribuyen de forma esencial al funcionamiento académico y administrativo del campus.

Harvard argumentó además que la medida no solo perjudicaría a los estudiantes actualmente inscritos, sino que también podría disuadir a futuros aspirantes internacionales de postularse por temor a posibles restricciones futuras.

La universidad ya había presentado otra demanda en abril contra la administración Trump, buscando recuperar 2.600 millones de dólares en fondos federales congelados bajo acusaciones de conductas antisemitas. Este conflicto forma parte de un contexto más amplio de tensiones entre algunas instituciones académicas y el gobierno federal por temas relacionados con políticas de inclusión y libertad de expresión.

El caso seguirá su curso judicial mientras se mantiene la orden temporal, la cual será revisada en la audiencia del 27 de mayo, donde se espera la participación de representantes legales tanto de Harvard como del gobierno.

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