El juez federal que preside el caso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, negó este martes una solicitud de la defensa para compartir las pruebas del proceso con otros acusados que aún no han sido arrestados, como el ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello.

El magistrado Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, respondió formalmente a una petición de la Fiscalía que buscaba proteger el material probatorio y evitar su divulgación más allá de los acusados detenidos. En su fallo, el juez determinó que “el material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido ni con sus abogados”, y agregó que compartirlo no es “necesario para preparar la defensa”.

La decisión responde a una solicitud previa de la Fiscalía estadounidense, que advirtió sobre los “riesgos” para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación si el material probatorio se difundiera fuera del control del tribunal.

El alcance de la orden de protección se extiende a otros cuatro coacusados que permanecen en libertad, además de Cabello: Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Maduro y Flores se encuentran detenidos en Brooklyn desde principios de año, tras una operación militar estadounidense que culminó con su captura en Caracas el 3 de enero de 2026. En una audiencia previa, la defensa había tratado de que el juez les permitiera compartir la evidencia con los coacusados prófugos, argumentando que sin ese acceso se vería “severamente limitada” su capacidad para investigar las pruebas y preparar una defensa completa.

El proceso, que se tramita bajo cargos de narcoterrorismo y conspiración para tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha estado marcado por varias decisiones procesales relevantes. En una audiencia del 26 de marzo, Hellerstein rechazó la moción de la defensa para desestimar los cargos, aunque solicitó que las partes presenten pronto argumentos sobre las restricciones financieras que, según los acusados, les impiden costear adecuadamente su defensa.

Este caso, de alto perfil político y jurídico, sigue acumulando novedades mientras el tribunal evalúa cuestiones de procedimiento, acceso a evidencia y derechos constitucionales en el contexto de una acusación que se extiende a varias figuras del entorno del antiguo gobierno venezolano.

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