Un juez federal ha bloqueado el ultimátum dado a más de dos millones de funcionarios estadounidenses para que decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización, según un plan del millonario Elon Musk para reducir la administración pública.

La polémica propuesta había dado a los funcionarios nueve días para elegir entre firmar o no la propuesta de «dimisión en diferido» hasta el 30 de septiembre, comprometiéndose a mantener sus sueldos y beneficios hasta ese día. Este plan formaba parte de la ofensiva del presidente republicano Donald Trump para recortar el gasto público.

Sin embargo, un juez federal de Massachusetts ha suspendido el plazo que expiraba a medianoche y ha fijado una nueva audiencia para el lunes. La acción legal fue emprendida por el principal sindicato de funcionarios, AFGE, y otras organizaciones con el objetivo de suspender el plan y garantizar que se apliquen medidas legales y justas.

La propuesta de Musk ha generado una gran controversia entre los funcionarios federales, quienes se enfrentan a diario a ataques verbales del equipo de Trump. «Los empleados federales no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos y sus lacayos», advirtió Everett Kelley, presidente de AFGE.

A pesar de que más de 40,000 funcionarios federales han aceptado la oferta, representando alrededor del 2% de la plantilla, muchos se muestran escépticos y preocupados por las implicaciones legales de firmar la propuesta de dimisión en diferido.

La iniciativa de Musk ha sacudido las principales agencias gubernamentales de Estados Unidos, como la USAID o la CIA, que han quedado paralizadas ante la incertidumbre de los cambios propuestos. La Casa Blanca y los medios de comunicación de derecha han acusado a estas agencias de despilfarro y han respaldado los intentos por reducir su tamaño.

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