Una magistrada federal anuló el acuerdo firmado entre la administración del presidente Donald Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que otorgaba una protección especial frente a futuras auditorías fiscales. La resolución concluye que el convenio carecía de sustento legal y vulneraba los principios de transparencia e igualdad ante la ley.

El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones civiles y grupos de vigilancia gubernamental, los cuales argumentaron que el acuerdo representaba un conflicto de interés al limitar la capacidad del IRS para revisar posibles inconsistencias en las declaraciones fiscales del mandatario.

Según la jueza, el convenio establecía un «blindaje» administrativo que restringía las facultades de fiscalización de la autoridad tributaria e incluso dificultaba investigar presuntas irregularidades fiscales, lo que calificó como un precedente contrario al interés público.

La resolución sostiene que ningún funcionario puede negociar restricciones que impidan a las agencias reguladoras ejercer sus atribuciones legales, independientemente del cargo que ocupe.

Tras el fallo, la defensa legal de la Casa Blanca anunció que apelará la decisión ante instancias superiores. Mientras tanto, especialistas en derecho fiscal consideran que el IRS recupera plenamente la facultad de revisar los ejercicios financieros del presidente, lo que podría derivar en nuevas investigaciones sobre su situación patrimonial y fiscal.

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