Una jueza de Inmigración de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra Ramírez, quien había permanecido detenida durante nueve meses, tras considerar que el Gobierno federal no justificó legalmente su detención.

La audiencia se celebró el 19 de diciembre de 2025, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado determinara que la detención de Vizguerra había excedido los límites constitucionales y ordenara un examen de custodia.

En su resolución, la jueza Nina Y. Wang indicó que la prolongada detención, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, podría haberse extendido por meses o incluso años. La magistrada también destacó que el caso generaba preocupaciones constitucionales, señalando la posibilidad de que la detención hubiera sido motivada por represalias relacionadas con el activismo público de Vizguerra, protegido por la Primera Enmienda.

El Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC) informó que el tribunal federal solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pruebas que sustentaran la detención, incluyendo que Vizguerra representara un peligro para la comunidad o riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa sostuvo que el Gobierno no logró demostrar ninguno de estos puntos ante la jueza.

Finalmente, la magistrada ordenó la liberación bajo una fianza de cinco mil dólares y descartó la imposición de monitoreo electrónico. La familia de la activista confirmó que pagará la fianza de inmediato, con apoyo del Immigrant Freedom Fund, para que Vizguerra pueda salir de detención tan pronto como se procese el trámite.

Vizguerra Ramírez, residente en Estados Unidos desde 1997 y madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, continuará sujeta a procedimientos migratorios mientras permanezca en libertad supervisada. La orden de fianza no resuelve sus impugnaciones de fondo a la deportación, ni los reclamos por presuntas represalias por activismo, los cuales siguen en trámite ante la corte federal.

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