Una jueza federal ordenó este viernes al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump detener los arrestos migratorios indiscriminados en siete condados de California, incluidos Los Ángeles y Ventura. Además, prohibió impedir el acceso de abogados defensores a detenidos en una cárcel migratoria del centro de Los Ángeles.

La decisión fue tomada por la jueza Maame E. Frimpong, tras una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que acusan al gobierno federal de implementar redadas raciales y sin sustento legal, en las que se ha detenido incluso a ciudadanos estadounidenses.

“Los arrestos sin orden judicial y la negación de asesoría legal violan los principios constitucionales básicos”, señalaron los demandantes, entre los que se encuentran tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue arrestado pese a mostrar su identificación.

Acusaciones de discriminación

La demanda, interpuesta la semana pasada ante una corte de distrito federal, argumenta que las autoridades migratorias han enfocado sus redadas en personas de piel morena, especialmente en lavados de autos, estacionamientos de tiendas, tribunales y granjas del sur de California.

En respuesta al fallo, la Casa Blanca criticó a la jueza Frimpong. La vocera Abigail Jackson declaró que “ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política de inmigración”, y acusó a la resolución de representar un grave exceso judicial, el cual, anticipó, será apelado por el gobierno federal.

Protestas, lesionados y tensión en comunidades migrantes

La decisión se produce en medio de crecientes protestas en el sur de California, donde miles de personas han manifestado su rechazo a las redadas, la presencia de la Guardia Nacional y el despliegue de marines en comunidades predominantemente latinas.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en una granja de cannabis en el condado de Ventura, donde decenas de trabajadores fueron detenidos el jueves. La operación desató enfrentamientos con manifestantes, dejando múltiples personas lesionadas.

La orden de la jueza Frimpong estará vigente mientras se desarrolla el proceso judicial. Organizaciones de derechos civiles la calificaron como “un respiro legal y un precedente importante” ante lo que consideran un abuso de poder por parte del gobierno federal en materia migratoria.

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