Un tribunal federal en California negó la solicitud del Gobierno del expresidente Donald Trump para poner fin al Acuerdo Flores, un convenio legal que desde 1997 establece los estándares de trato a menores migrantes bajo custodia del gobierno estadounidense.

La jueza Dolly Gee, del Tribunal del Distrito Central de California, resolvió que el Ejecutivo debe continuar cumpliendo con las disposiciones del acuerdo, las cuales obligan a procesar, transferir y liberar a los niños migrantes de forma expedita, garantizando su bienestar físico y psicológico. La decisión mantiene vigente uno de los instrumentos jurídicos más importantes para la protección de los derechos de la niñez migrante en Estados Unidos.

El Acuerdo Flores, resultado de un litigio iniciado en la década de 1980, establece que los menores no pueden permanecer detenidos por más de 20 días en instalaciones federales y deben ser alojados en condiciones adecuadas, diferentes a las de una prisión.

Sin embargo, informes recientes presentados por defensores de los derechos de los migrantes señalaron que estas disposiciones no se están cumpliendo. La jueza Gee se basó, entre otros elementos, en reportes del monitor independiente designado por la corte, que describen condiciones de detención prolongada e inadecuada en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Estas instalaciones, según determinó Gee, están diseñadas únicamente para una estancia breve, por lo que ordenó que los menores no permanezcan allí más tiempo del estrictamente necesario para su procesamiento y traslado a centros más apropiados.

Abogados especializados en derechos humanos denunciaron que muchos niños pasan semanas e incluso meses en estos espacios, sometidos a temperaturas extremas, exposición constante a la luz artificial y falta de contacto con el exterior. Sarah Kahn, abogada del Center for Human Rights and Constitutional Law, calificó estas condiciones como «crueles, inhóspitas y psicológicamente traumáticas para los niños».

La jueza también instruyó al gobierno a mejorar de inmediato las condiciones en los centros, incluyendo el control de temperatura, el apagado de luces por la noche y la aceleración en los tiempos de traslado.

Becky Wolozin, abogada del National Center for Youth Law, compartió testimonios de niños que narraron el impacto emocional del encierro. “Un niño me dijo que extrañaba ver el sol y que la única forma de saber si era de día o de noche era mirar un reloj en la estación de vigilancia”, relató.

El fallo fue celebrado por organizaciones defensoras de la niñez. Leecia Welch, subdirectora de Litigios de Children’s Rights, subrayó que la decisión reafirma la relevancia del Acuerdo Flores como herramienta esencial para evitar abusos y garantizar estándares mínimos de protección.

No es la primera vez que un gobierno estadounidense busca modificar o terminar el acuerdo. Administraciones previas, tanto republicanas como demócratas —incluidas las de Barack Obama y Joe Biden—, han solicitado a la corte cambios en su implementación, bajo el argumento de que limita su capacidad para gestionar flujos migratorios complejos.

Con este fallo, el tribunal reiteró que, independientemente del contexto político, los derechos fundamentales de los menores migrantes deben seguir siendo protegidos conforme a la ley.

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