El Gobierno de Javier Milei se encuentra en medio de una nueva polémica luego de que la Justicia ordenara a Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, repartir de manera inmediata los alimentos que se encuentran almacenados en dos depósitos ubicados en Buenos Aires y Tucumán. Sin embargo, el Ejecutivo anticipó que apelará el fallo del juez Sebastián Casanello, argumentando que se trata de una cuestión de política pública y que la Justicia no debería intervenir en esta decisión.

«Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso», afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa reciente.

El fallo de Casanello requiere al Ministerio de Capital Humano que informe sobre la cantidad de alimentos almacenados, así como que elabore un plan detallado para la distribución inmediata de dichos alimentos, considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. La decisión del juez ha generado controversia en el Gobierno de Milei, que asegura que los alimentos están destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de comedores comunitarios.

Además de anunciar que apelarán el fallo, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que detalló que gran parte de los alimentos almacenados corresponden a paquetes de yerba mate que fueron adquiridos de forma irregular y bajo una auditoría en curso. La cartera dirigida por Pettovello denunció que la solicitud del juez Casanello es un «avance ilegítimo de la Justicia sobre la democracia» y que se niegan a entregar alimentos a supuestos comedores inexistentes.

La controversia en torno a la distribución de alimentos en Argentina ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por un lado, se critica la presunta falta de transparencia en la adquisición de los alimentos almacenados, mientras que por otro lado se cuestiona la decisión del Gobierno de no cumplir con la orden judicial para la distribución inmediata de la mercadería.

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