La Comisión Europea no debería haber restringido el acceso público a algunos detalles y cláusulas de los contratos para comprar vacunas contra el covid durante la pandemia, dictaminó este miércoles el Tribunal General de la UE.

Entre las «irregularidades» hay la negativa «parcial» a revelar las declaraciones que certifican la ausencia de conflicto de intereses de los miembros del ejecutivo europeo encargados de negociar esas compras con las compañías farmacéuticas.

«La Comisión no ha dado al público un acceso suficientemente amplio a los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19», indicó el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.

El caso empezó cuando un grupo de eurodiputados y particulares pidieron en 2021 a la Comisión acceso a los documentos que detallan los términos y condiciones de las compras de vacunas, recuerda el comunicado.

La demanda se basa en una reglamentación europea de 2001 relativa al acceso público a los documentos de las tres principales instituciones de la UE (Parlamento, Consejo y Comisión).

Pero la reticencia de la Comisión, que solo aceptó un «acceso parcial» a los documentos, llevó a los solicitantes emprender acciones legales.

En las dos sentencias del miércoles, los jueces europeos fallaron parcialmente a favor de los denunciantes que reclamaban información detallada.

En un comunicado, la comisión reaccionó asegurando que «estudiará cuidadosamente» los fallos.

Las compras de vacunas contra el covid en 2020 y 2021 eran compras colectivas negociadas por la Comisión en nombre de los 27 Estados miembros de la UE.

Tribunal de Justicia de la UE es importante en el caso

La sentencia puede ser recurrida todavía ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia judicial europea superior, en un plazo de dos meses y diez días desde la notificación de la resolución. Por el momento, Bruselas se ha limitado a indicar que se “reserva todas las opciones legales” en su mano.

No es el único quebradero de cabeza judicial —y potencialmente político— de Von der Leyen con respecto a la compra de vacunas. La alemana está también en el centro de una demanda judicial por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia.

Específicamente, está en el punto de mira por su negativa a revelar los intercambios por SMS que realizó directamente sobre todo con el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en torno a la compra de las vacunas. Una opacidad que también le ha recriminado de la Defensora del Pueblo de la UE.

A mediados de mayo, justo antes de las elecciones europeas, el caso quedó suspendido hasta el 6 de diciembre, momento en el que se deberá decidir sobre las competencias del mismo, que se disputan la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés y con sede en Luxemburgo) y un tribunal de la ciudad belga de Lieja ante el que varios ciudadanos presentaron en 2023 una demanda similar a las denuncias que llevaron a EPPO a abrir su investigación hace dos años.

*Información complementada de AP