Tokio.- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció este miércoles que no buscará la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), dejando en el aire su cargo como jefe de Gobierno. Esta decisión llega después de que la aprobación de la formación gubernamental haya caído a mínimos en más de dos décadas, marcada por una serie de escándalos de financiación que han sacudido la confianza de la población japonesa en la política.

En una conferencia de prensa televisada, Kishida reconoció que ha habido una serie de situaciones que han causado desconfianza en la población y expresó su intención de asumir la responsabilidad por los problemas. «No dudo en asumir la responsabilidad por la grave situación causada», declaró el primer ministro. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de un cambio en el PLD y anunció que no se presentará a las próximas elecciones para liderar el partido.

Kishida, que asumió el cargo hace tres años, resaltó sus logros durante su mandato, incluyendo un aumento de los salarios, mejoras en las inversiones, un mayor gasto en defensa y la organización de la Cumbre del G7 en Hiroshima. Sin embargo, estos logros se han visto ensombrecidos por los escándalos de financiación que han golpeado al partido y han erosionado la popularidad tanto del PLD como del propio primer ministro.

Kishida terminará su mandato como Primer Ministro en septiembre

Aunque Kishida no se encuentra en el centro de las acusaciones, ha optado por dar un paso al costado para permitir que el Partido Liberal Democrático pueda demostrar un cambio. Con las elecciones para elegir al nuevo líder del partido programadas para finales de septiembre, se espera que el ganador se convierta en el próximo primer ministro de Japón, dada la influencia del PLD en el Parlamento.

Entre los posibles sucesores de Kishida se perfila el exministro de Defensa Shigeru Ishiba, quien ha obtenido popularidad en las encuestas de los medios nipones. El apoyo a Kishida se ha visto afectado por los vínculos del PLD con la secta conocida como Iglesia de la Unificación, así como por donaciones políticas no registradas realizadas en fiestas de recaudación de fondos que han generado controversia en el país.

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