El Kremlin ha rechazado categóricamente las acusaciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y los Países Bajos, quienes sostienen que el líder opositor Alexei Navalny fue asesinado en prisión con epibatidina.

El portavoz Dmitri Peskov calificó las pruebas presentadas en la Conferencia de Seguridad de Múnich como «parciales e infundadas», manteniendo la versión oficial de una muerte natural por arritmia en la remota prisión IK-3 del Ártico. Sin embargo, la investigación internacional revela que el político fue expuesto a una toxina de ranas dardo, una sustancia cuya obtención y manejo en un entorno carcelario de máxima seguridad apunta, según las potencias occidentales, a una operación estatal planificada.

La viuda del opositor, Yulia Naválnaya, ha denunciado el uso de «armas químicas» para silenciar la voz de su marido, comparando este episodio con el intento de asesinato mediante Novichok en 2020. Mientras el Reino Unido asegura que solo el gobierno ruso tuvo el motivo y la oportunidad para ejecutar este «complot bárbaro», la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha recibido una exigencia formal de explicaciones. El caso escala ahora a un conflicto diplomático de primer orden, donde la comunidad internacional cuestiona la legalidad de las acciones del Estado ruso frente a sus críticos internos y el incumplimiento de tratados internacionales sobre sustancias prohibidas.

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