En una decisión que ha suscitado controversia y opiniones divididas, el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Joe Biden, ha optado por restringir la perforación de petróleo y gas, así como la minería en Alaska. Esta medida ha causado descontento entre los líderes estatales, quienes sostienen que las restricciones impactarán negativamente en la economía local y en la generación de empleo, incrementando además la dependencia del país de recursos extranjeros.

La medida ha sido acogida con entusiasmo por ecologistas y activistas ambientales, ya que forma parte de los esfuerzos de la administración Biden para disminuir las actividades de extracción en tierras públicas y preservar el 30% de las tierras y aguas nacionales para luchar contra el cambio climático. El Departamento de Interior ha anunciado una de las acciones más significativas: la prohibición de nuevas explotaciones de petróleo y gas en el 40% de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska (NPR-A), con el fin de proteger los hábitats de especies como osos polares y caribúes, y salvaguardar el modo de vida de las comunidades indígenas.

Adicionalmente, se ha rechazado una propuesta para construir una carretera de 340 km en el distrito minero de Ambler, en el norte central de Alaska, debido a los riesgos ambientales que implicaría para la fauna local y las comunidades nativas. El presidente Biden ha expresado su satisfacción con estas iniciativas, resaltando el compromiso de su gobierno con la conservación de más de 13 millones de acres en el Ártico occidental y el respeto por la herencia cultural de los pueblos originarios de Alaska.

Detalles de la regulación y excepciones en Alaska

La NPR-A, que se extiende por 23 millones de acres en el norte de Alaska, verá prohibido el arrendamiento de petróleo y gas en más de 10 millones de acres, y se limitará el desarrollo en otros 2 millones de acres. No obstante, las operaciones existentes, como el proyecto Willow de ConocoPhillips, no se verán afectadas. La normativa también contempla la posibilidad de utilizar aproximadamente 2.5 millones de acres para actividades de extracción.

La decisión ha provocado fuertes críticas de senadores republicanos de Alaska y otros estados, quienes alertan sobre las posibles consecuencias en la seguridad energética nacional y la creación de empleo. Por otro lado, los defensores del medio ambiente consideran estas restricciones como un paso esencial para la protección de ecosistemas y patrimonios culturales en una era de cambios climáticos en el Ártico. La implementación de estas regulaciones y el futuro de la industria de hidrocarburos y minería en Alaska continúan siendo temas de intenso debate y controversia, marcando un capítulo más en el dilema entre la conservación ambiental y el progreso económico.

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