La Corte Suprema de Estados Unidos revisará la demanda de México contra fabricantes de armas acusados de contribuir al derramamiento de sangre en territorio mexicano. La demanda, por un monto de 10 mil millones de dólares, alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían ilegalmente a México.

La industria de las armas de fuego ha solicitado a los jueces que anulen un fallo del tribunal de apelaciones que permitió que la demanda avanzara, alegando que cuentan con amplias protecciones legales.

Sin embargo, un juez federal desestimó la mayor parte de la demanda por otros motivos legales, dejando la posibilidad de que México apele esa decisión.

El gobierno mexicano estima que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos y ha señalado a fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock como los responsables. Estas empresas niegan haber actuado de manera intencional para permitir que las armas sean utilizadas por los cárteles, argumentando que México busca «acosar» a la industria para que implementen medidas de control de armas.

La demanda, presentada originalmente en 2021, fue rechazada por un tribunal de distrito, citando las protecciones legales de los fabricantes, sin embargo, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito revivió el caso, lo que llevó a los fabricantes a apelar ante la Corte Suprema.

A pesar de que el juez federal de distrito en Boston, F. Dennis Saylor desestimó el caso contra seis de las ocho empresas, los fabricantes argumentando que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas concretas de que las actividades de las empresas estuvieran relacionadlas, el fallo del 1er Circuito podría tener repercusiones duraderas en la industria si se permite que se mantenga.

México espera que esta demanda contribuya a la reducción del flujo de armas ilegales a su territorio y a la disminución de la violencia relacionada con el narcotráfico.

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