La Corte Suprema de Justicia de Perú ha emitido una orden contundente al Gobierno de Dina Boluarte: entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas que sacudieron nueve departamentos en los años 2022 y 2023.

Estas manifestaciones resultaron en la trágica muerte de decenas de personas y miles de heridos. Las Procuradurías ministeriales intentaron detener las investigaciones contra Boluarte y otras personas por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, el juez supremo César San Martín rechazó estas medidas legales, declarándolas infundadas.

En su sentencia, San Martín dejó claro que «la investigación se centra en una posible violación de los derechos humanos; un deber del Estado en esta etapa procesal es esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido», según informó el Poder Judicial este viernes.

Un paso importante para Perú

Esta decisión representa un paso crucial en la búsqueda de justicia y verdad en torno a las protestas que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente del país. Se espera que la revelación de los planes operativos arroje luz sobre las acciones llevadas a cabo durante aquellos sucesos.

Esta noticia sin duda genera expectativas en la población, así como en los organismos internacionales de derechos humanos que han estado siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. La justicia y la verdad son pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, y el fallo del Supremo de Perú reafirma el compromiso del país con estos principios.

Se espera que en los próximos días el Gobierno de Dina Boluarte cumpla con la orden de la Corte Suprema y entregue los planes operativos solicitados. Esto marcará un hito en el proceso judicial en busca de justicia para las víctimas y sus familias, así como para el país en su conjunto.

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