En un giro significativo en la política de inmigración de Estados Unidos, la Corte Suprema tomó una decisión clave que tiene un impacto directo en el estado de Texas. Este, el tribunal emitió una orden que impide indefinidamente que Texas haga cumplir una controvertida ley de inmigración, una medida que ha generado un intenso debate en todo el país.

Suspensión administrativa concedida por la Corte Suprema

La llamada suspensión administrativa permanecerá vigente mientras el tribunal considera las apelaciones de emergencia de la administración Biden y otros actores involucrados en el caso. Esta orden, emitida por el juez Samuel Alito, supervisor de los asuntos que surgen del tribunal de apelaciones que evalúa el caso, no incluye una fecha de vencimiento, lo que añade un elemento de incertidumbre al asunto.

Cabe destacar que el Proyecto de Ley Senatorial 4, promulgado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en diciembre, ha sido objeto de intensos debates desde su concepción. La ley permitiría a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país, lo que generó preocupaciones entre los defensores de la inmigración sobre un mayor perfilamiento racial y detenciones injustas.

Respuestas y argumentos

El Departamento de Justicia argumentó que esta ley alteraría profundamente el status quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años. Los abogados de grupos de inmigración y del condado de El Paso han subrayado en documentos judiciales que, a lo largo de la historia, la Corte Suprema ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, incluyendo la entrada y la expulsión.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con otros funcionarios estatales, ha defendido la necesidad de esta ley, argumentando que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que afectan al estado. Describen a Texas como la primera línea de defensa del país contra la violencia transnacional y argumentan que el estado se ha visto obligado a lidiar con las consecuencias mortales de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno federal para proteger la frontera.

Los argumentos orales en el Quinto Circuito están programados para el próximo mes, lo que indica que este caso está lejos de llegar a su fin. Mientras tanto, la suspensión administrativa emitida por la Corte Suprema deja en pausa la implementación de la ley de Texas, mientras que las partes involucradas esperan ansiosamente el próximo capítulo en esta saga legal que tiene implicaciones profundas en la política de inmigración de Estados Unidos.

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