En una votación que refleja la profunda división del bloque, el Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Con un margen estrecho de 334 votos a favor y 324 en contra, la Eurocámara solicita a la máxima corte comunitaria que dictamine si el pacto es compatible con los tratados fundacionales de la UE.

El centro de la controversia legal

La revisión se centrará en dos ejes críticos que han despertado el recelo de varios eurodiputados:

1. Autonomía regulatoria: Se cuestiona el «mecanismo de reequilibrio», temiendo que limite la capacidad de la UE para legislar de forma independiente en el futuro.
2. Base legal de aprobación: Existe controversia sobre el modelo de ratificación que permite validar los capítulos comerciales sin pasar por el filtro de los parlamentos nacionales de los Estados miembros.

La decisión fue recibida con optimismo en Francia, el principal opositor del tratado en su forma actual. El ministro de Exteriores galo, Jean-Noel Barrot, calificó la votación como un acto de coherencia. Por el contrario, la Comisión Europea lamentó el desenlace. El portavoz Olof Gill calificó la moción como «no justificada», argumentando que las dudas legales ya habían sido resueltas durante los 25 años de negociaciones y que existen precedentes, como el acuerdo con Chile, que avalan el modelo elegido.

Impacto en el cronograma comercial

Aunque el TJUE suele tardar entre 18 y 24 meses en emitir una opinión de este tipo, la Comisión Europea aún conserva la facultad de implementar el tratado de forma provisional. Sin embargo, este proceso judicial añade una capa de incertidumbre política a un acuerdo que busca eliminar aranceles al 90% del comercio bilateral y beneficiar exportaciones clave como automóviles y maquinaria europea hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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