El poder judicial de Argentina ha dado un fuerte golpe al intento del presidente Javier Milei de privatizar el Banco de la Nación Argentina (BNA), bloqueando el decreto presidencial que buscaba transformar esta importante institución en una sociedad anónima. La Justicia suspendió el decreto, argumentando que se trata de una «maniobra encubierta» que intenta privatizar el banco más grande del país.

Este fallo se basa en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que establece claramente que el Banco de la Nación no puede privatizarse, al igual que otras empresas clave del Estado como Aerolíneas Argentinas e YPF. La Ley Ómnibus, que entró en vigor en agosto, refuerza esta idea y deja claro que estas empresas no pueden privatizarse directamente. pt

El decreto de Milei: una medida encubierta de privatización

Para eludir esta normativa, Milei emitió un decreto el 20 de febrero en el que planteaba convertir el Banco de la Nación en una sociedad anónima. Según este plan, el Estado mantendría el 99,9% de las acciones, mientras que la Fundación Banco Nación Argentina tendría el resto. Sin embargo, el juez federal Alejo Ramos Padilla, al analizar el decreto, pareció que excedió las facultades del Ejecutivo y calificó la medida como un intento de encubierto de privatización del banco.

En su resolución, el juez Ramos Padilla remarcó: "El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación… pic.twitter.com/T34D0ho1wX

— Telefe Noticias (@telefenoticias) February 25, 2025

Como resultado, se suspendieron los efectos del decreto y se ordenó al gobierno y al Banco Nación abstenerse de realizar cualquier acción relacionada con su implementación. El juez también dio un plazo de cinco días al gobierno para explicar el interés público detrás de esta solicitud. Además, subrayó que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco de la Nación debe ser aprobado por el Congreso, y que su transformación en sociedad anónima contravendría lo dispuesto en la Ley de Bases. El gobierno planeaba que el Ministerio de Economía ejerciera derechos sobre la nueva sociedad, con un capital social de 1,6 billones de pesos, pero el juez dejó claro que esta conversión sería ilegal y desviaría al banco del régimen público actual.

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