El miércoles 06 de agosto, se cumplen 60 años desde que el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto, un día que muchos consideran el verdadero inicio de la democracia en Estados Unidos.

Sin embargo, en la última década, esta ley ha sido erosionada, comenzando con la decisión de la Corte Suprema en 2013 que eliminó la necesidad de aprobación federal para cambios electorales en 15 estados con antecedentes de discriminación.

Controversias y desafíos actuales

Desde las elecciones presidenciales de 2020, varios estados han implementado leyes de votación más estrictas. En 2023, la Corte Suprema mantuvo una parte clave de la ley, pero se esperan nuevos casos que podrían revertir esas decisiones.

Expertos en derechos electorales, como Demetria McCain de la NAACP, destacan la crítica situación actual, especialmente para las comunidades negras y de color.

En Dakota del Norte, las tribus de Turtle Mountain y Spirit Lake lograron formar un distrito político conjunto, lo que permitió una representación nativa en la legislatura estatal.

Sin embargo, esta victoria podría ser temporal, ya que el Tribunal de Apelaciones del 8vo Circuito revocó la decisión inicial, argumentando que solo el Departamento de Justicia puede demandar por violaciones de derechos de votantes, no individuos o grupos privados.

Este caso y otros similares están a la espera de ser escuchados por la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump ha cambiado su enfoque, priorizando preocupaciones de fraude electoral sobre la protección del derecho al voto.

Además del cambio de enfoque en el Departamento de Justicia, la legislación federal para proteger el derecho al voto no ha avanzado.

Los demócratas han reintroducido el proyecto de Ley de Derecho al Voto de John Lewis, pero es una legislación que no lograron aprobar en 2022 cuando controlaban ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, y necesitaban algo de apoyo republicano en el Senado.

A principios de este año, Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca reformar la votación en los estados, y que incluye un requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario de votación federal, aunque gran parte de ella ha sido bloqueada en los tribunales.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley que exigiría que las personas presenten una prueba de ciudadanía para registrarse como votantes. Y la manipulación de distritos legislativos estatales y parlamentarios sigue siendo prevalente.

La lenta erosión de la ley de 60 años ha creado una nación con una distribución desigual del derecho al voto, dijo Sean Morales-Doyle, director del centro de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

Algunos estados han expandido activamente el acceso al voto mientras que otros se han centrado en restringirlo.

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