La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes que “1.903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno”, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a la agencia de noticias EFEque la situación de los detenidos “se mantiene igual”, luego de 165 excarcelaciones confirmadas por el equipo de defensores este mes, en el marco de un proceso de revisión de casos solicitada por el régimen de Nicolás Maduro y llevada a cabo por la Fiscalía y los tribunales chavistas.

Del total de encarcelados, explicó, 1.658 son hombres y 245 mujeres, de los cuales 1.741 son civiles y 162 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos líderes han manifestado un respaldo irrestricto al líder del régimen chavista ante la denuncia de fraude en los comicios.

Desde el 29 de julio, la ONG documentó 1.943 arrestos en el contexto de las protestas ciudadanas contra el resultado oficial de las elecciones y en operativos policiales y militares ordenados por el Ejecutivo, que dice estar enfrentando conspiraciones y planes golpistas.

Entre los detenidos figuran decenas de activistas políticos y algunos dirigentes opositores que ocuparon cargos de elección popular como diputados, gobernadores, concejales o alcaldes.

Foro Penal y los familiares de los detenidos han denunciado que prácticamente todos están acusados por delitos como terrorismo y que sus derechos han sido irrespetados debido, entre otros motivos, a que la Justicia ha impedido que estos prisioneros.

Ley contra el respaldo a las sanciones

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, controlado por el gobernante chavismo) aprobó este jueves una ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país y establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen.

“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para reforzar sanciones.

El texto estipula multas que sobrepasan el millón de dólares.

La ley castiga también con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país caribeño.

La legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto necesita luz verde del Senado y la firma de Maduro para entrar en vigor.

La legislación en discusión en el congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el régimen de Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo”