La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha entrado en una fase de «colapso financiero inminente». En una carta enviada a finales de enero, el Secretario General, António Guterres, comunicó a los Estados miembros que la negativa de Estados Unidos —su mayor contribuyente— a pagar sus cuotas obligatorias ha dejado a la organización sin oxígeno para operar su presupuesto ordinario y sus misiones de paz.

Mientras la ONU se debilita, emerge una alternativa disruptiva. La propuesta de Donald Trump de crear una «Junta de Paz» intergubernamental —dirigida por él mismo de por vida— ha comenzado a ganar tracción. Concebida inicialmente para la reconstrucción de Gaza, ahora se perfila como un «club social» de membresía limitada para resolver conflictos, al margen del Consejo de Seguridad. En América Latina, países como Argentina, El Salvador y Paraguay ya han mostrado su adhesión a este nuevo esquema.

La región aspira a recuperar el liderazgo de la ONU con candidatos como Michelle Bachelet (Chile), Rebeca Grynspan (Costa Rica) o Rafael Grossi (Argentina) para el periodo 2027. Sin embargo, la credibilidad regional flaquea ante la falta de solvencia:

Grandes deudores: Estados Unidos encabeza la lista con 1,500 millones de dólares, seguido por Venezuela (38 mdd) y México (20 mdd).

Morosidad crónica: Argentina y Surinam aparecen consistentemente como deudores al cierre de cada año, dificultando el financiamiento de organismos de derechos humanos.

La necesidad de una reforma urgente A 80 años de su fundación, la ONU es percibida como un organismo «caro y pesado». La crisis actual pone a prueba la capacidad de América Latina para actuar como un bloque sólido frente a la presión bilateral de EE. UU. Sin una base material —el famoso «poner el dinero donde está la boca»—, el peso político de la región corre el riesgo de quedar relegado a la marginalidad global.

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