El Gobierno se la juega con la vivienda, la materia central de la legislatura. Tras varios pasos en falso o que no han servido para aliviar el coste del acceso, Pedro Sánchez se ha propuesto cumplir el mandato constitucional, pero sobre todo con cientos de miles de jóvenes atrapados en un alquiler o en casa de sus padres y que ven en este problema el germen de muchos otros, partiendo por la ausencia de libertad una vez se forman y ejercen empleos que debieran derivar en el desarrollo de una vida digna. Con una derecha al alza y una izquierda a su izquierda en caída, el PSOE está obligado a acertar para tener la opción de resistir.

El PP se movió este domingo, anunciando una serie de medidas cosméticas a aplicar en las comunidades autónomas en las que gobierna. La más relevante de ellas, la reducción del 10 al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a menores de 40 años, nueva edad límite, y esta es otra de las propuestas, para optar a avales hipotecarios que cubran el 100% del precio de la primera vivienda. El partido de Alberto Núñez Feijóo promete asimismo el desbloqueo de ley antiokupas, la derogación de la actual ley de vivienda, la disminución de la burocracia en la tramitación urbanística o movilizar suelo público.

El presidente ha clausurado este lunes unas jornadas organizadas por el Ministerio de Vivienda. Las había inaugurado la ministra al cargo, Isabel Rodríguez. En la prensa -lo ha publicado Cinco Días-, una noticia para la esperanza de tanta gente desesperada: grandes fondos como Blackstone, Vivenio y Cerberus están vendiendo centenares de inmuebles en Cataluña, que abandonan por el tope al alquiler. Pondrán el foco en las regiones “que mantienen el libre mercado”, con Madrid como paradigma. La regulación funcionaría, pero la mayor parte del territorio es azul y contario a aplicarla. Es más, como ya se ha mencionado, quiere desbaratarla.

En su comparecencia, el presidente, que ha prometido “dejarse la piel” para llevarla hasta las últimas consecuencias, ha concretado la nueva batería de medidas a fin de facilitar la compra o el alquiler de una vivienda. Son las siguientes:

Aumento de la oferta de viviendas

• Asignación de suelo para vivienda pública: se destinarán 2 millones de metros cuadrados para la construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda.
• Incorporación de viviendas de la Sareb: La nueva empresa pública de vivienda integrará más de 30.000 viviendas procedentes de la Sareb, reforzando así la disponibilidad de viviendas sociales.
• Prioridad en la adquisición de viviendas y suelos: se establecerá un mecanismo legal que otorgue prioridad a la empresa pública de vivienda en la compra de inmuebles y terrenos, asegurando que las viviendas públicas mantengan su titularidad de forma permanente.