Buenos Aires, Argentina.- La ley del aborto entró en vigor en Argentina, tras cumplirse 10 días desde que fue promulgada por el presidente, Alberto Fernández.

Desde ayer, cualquier mujer podrá interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de su gestación.

Más allá de ese periodo está permitido si el embarazo fuera producto de una violación.

Mediante declaración jurada presentada ante el personal de salud, o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer.

Además de despenalizarse, la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada y es gratuita en el sistema de salud público, donde se atiende un tercio de la población.

Y tras su incorporación al programa médico obligatorio, el tratamiento también está cubierto por los hospitales privadas y el sistema de obra sociales, los otros dos subsistemas de salud argentinos.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló que el Ministerio de Salud realizó una gran compra del abortivo misoprostol “para repartir en todas las provincias”.

También reconoció que se esperan demandas judiciales desde sectores antiabortistas de departamentos conservadores o la posible renuencia de ciertos actores de la salud, como los privados, para llevar a cabo la práctica.

La Iglesia Católica argentina ha manifestado su rechazo a la norma.

El Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Son varias de las organizaciones que instaron a resistirla al considerar que “la Constitución y los Tratados Internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción”.

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