El juicio federal contra Luigi Mangione, acusado del brutal asesinato de un alto ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare en Manhattan, ha dado un giro polémico: su defensa legal ha elevado una dura advertencia sobre posibles violaciones al debido proceso, ante la intención del Gobierno estadounidense de buscar la pena de muerte como castigo máximo.

Mangione, de 26 años, está acusado de haber disparado y asesinado a sangre fría a Brian Thompson el pasado 4 de diciembre en el corazón de la Gran Manzana, un crimen que sacudió al mundo empresarial y despertó gran cobertura mediática. Luego de una breve fuga, fue capturado cinco días después en Altoona, Pensilvania, y ahora se enfrenta a cargos federales.

Sin embargo, más allá de la gravedad del crimen, la defensa del joven ha iniciado una ofensiva legal para impedir que se le imponga la pena capital, lo que ha encendido el debate sobre los límites del sistema judicial, el poder del Ministerio Público y los derechos del acusado.

“Contaminación del gran jurado”: La crítica directa a la Fiscal General

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, arremetió contra la fiscal general Pam Bondi, acusándola de romper los protocolos legales con declaraciones públicas que, según afirma, comprometen la presunción de inocencia de su cliente y contaminan al gran jurado encargado de determinar si se le imputará formalmente.

“Sin la intervención del tribunal, el Gobierno seguirá violando el derecho al proceso debido del Sr. Mangione al buscar la pena de muerte”, expresó Agnifilo en una moción presentada ante el juez Edgardo Ramos, quien lleva el caso en un tribunal federal.

Para la defensa, este no es un simple trámite procesal. Aseguran que el comentario de Bondi al ordenar la solicitud de pena capital podría haber contaminado irreversiblemente a los miembros del gran jurado, quienes tienen la delicada tarea de decidir sobre la imputación formal y, en consecuencia, el rumbo del juicio.

La batalla por el “debido proceso”

El equipo legal de Mangione ha solicitado al juez Ramos que impida futuras declaraciones de la fiscal Bondi sobre el caso, alegando que afectan el derecho de su cliente a una audiencia justa. También piden que se filtre rigurosamente a los miembros del gran jurado para asegurar que no hayan sido influenciados por lo que califican como “comentarios inapropiados”.

Asimismo, exigen transparencia sobre las deliberaciones internas de la Fiscalía respecto a la aplicación de la pena de muerte, incluyendo comunicaciones con lobistas, empresas o cualquier entidad que haya influido en esa decisión.

¿Pena de muerte prematura?

Por su parte, la Fiscalía ha considerado que la solicitud de la defensa es “prematura”, argumentando que Mangione aún no ha sido formalmente imputado por el gran jurado. No obstante, el equipo legal del acusado insiste en que el asunto está lo “suficientemente maduro” como para que el juez tome cartas en el asunto, especialmente considerando que el plazo para la imputación vence el viernes 18 de abril, coincidiendo con el Viernes Santo.

Este día clave, en el que se celebrará una audiencia preliminar en un tribunal federal sin presencia de medios gráficos, podría ser determinante en el destino procesal de Mangione.