El expresidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó desde prisión que es un “preso político” y denunció que enfrenta un proceso orientado a provocar su “muerte civil y política”, en medio de acusaciones de corrupción que el gobierno actual sostiene en su contra.

En una carta manuscrita fechada el 31 de marzo y difundida por su equipo, el exmandatario aseguró que, desde su detención en diciembre pasado, ha sido víctima de violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo afectaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y su derecho a la defensa. También denunció haber sufrido “tortura psicológica” durante su reclusión en una cárcel de La Paz.

Arce fue detenido un mes después de concluir su mandato (2020-2025) y enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con un presunto desfalco millonario en el Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2017, periodo correspondiente al gobierno de Evo Morales.

El expresidente sostuvo que todos los recursos legales presentados por su defensa han sido rechazados, incluyendo solicitudes médicas especializadas, lo que —según afirma— pone en riesgo su salud. Asimismo, denunció condiciones de reclusión deficientes en los primeros días, al haber sido ubicado en una celda sin condiciones mínimas, y señaló que la vigilancia constante mediante fotografías y grabaciones constituye una forma de presión psicológica.

En su mensaje, el exmandatario rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que el proceso responde a una “venganza” política, al tiempo que exigió un juicio imparcial sin interferencias del gobierno.

Las autoridades encabezadas por el actual presidente, Rodrigo Paz, no se han pronunciado sobre la carta. Sin embargo, el mandatario ha defendido previamente las investigaciones, al asegurar que durante casi dos décadas el Estado estuvo marcado por la corrupción y que los procesos actuales no constituyen persecución política, sino acciones de justicia.

El caso se desarrolla en un contexto de ruptura política entre Arce y su exaliado Evo Morales, tras años de liderazgo conjunto dentro del mismo movimiento político. Dicho bloque perdió las elecciones de noviembre pasado frente a una opción de centro derecha.

A la par, las investigaciones se han extendido a familiares y exfuncionarios: Marcelo Arce, hijo del ex presidente, también permanece detenido, acusado de enriquecimiento ilícito.

El proceso contra el exmandatario ocurre en un escenario de alta polarización política en Bolivia, donde sectores afines denuncian persecución, mientras el gobierno insiste en que se trata de un combate a la corrupción en administraciones anteriores.

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