El juicio contra Nicolás Maduro, continúa en la corte federal de Manhattan, Nueva York, con la defensa enfrentando obstáculos por el bloqueo financiero impuesto por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este bloqueo ha impedido que Maduro y el gobierno venezolano puedan sufragar los honorarios de sus abogados, lo que, según su defensa, vulnera su derecho a una defensa efectiva y de elección, protegido por la Sexta Enmienda.

El jueves 26 de marzo, Maduro acudió acompañado de su esposa, Cilia Flores, y de los tres abogados que lo representan, encabezados por Barry Pollack. Durante la audiencia, la defensa argumentó que la sanción de la OFAC, vigente desde hace más de seis años, impide financiar la defensa legal, lo que consideran una violación a sus derechos procesales.

Por su parte, la fiscalía estadounidense sostuvo que el bloqueo financiero se mantiene por intereses de seguridad nacional y política exterior, y que no se puede levantar en este momento. El juez Alvin Hellerstein decidió posponer cualquier resolución sobre este tema, que se dará a conocer de manera reservada.

Antecedentes del caso

Maduro y su esposa enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas. En su primera comparecencia ante la corte, el 5 de enero, ambos se declararon no culpables. Maduro se declaró además prisionero de guerra, argumentando que su captura el 3 de enero fue producto de una intervención militar estadounidense en Caracas.

La fiscalía ha comenzado a preparar la entrega de evidencia en contra de Maduro y Flores, con restricciones sobre su divulgación. La defensa solo solicitó la eliminación de un párrafo que impide compartir dicha evidencia con otros cuatro acusados dentro del mismo caso, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, dos operadores políticos y un presunto miembro del Tren de Aragua, organización criminal señalada en el proceso.

Bloqueo financiero y derechos de defensa

El abogado de Maduro, Barry Pollack, insistió en que la sanción de la OFAC interfiere con la capacidad del ex mandatario para contratar su defensa, al impedir que el gobierno venezolano financie los costos legales, lo que según la defensa constituye una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El caso sigue abierto, y cualquier decisión sobre la desestimación del bloqueo financiero o sobre acuerdos de culpabilidad se mantendrá pendiente bajo resolución judicial.

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