Maduro y Cilia Flores piden desestimar cargos en EU; seguran que no pueden pagar su abogado
19/03/2026 - Hace 3 meses en InternacionalMaduro y Cilia Flores piden desestimar cargos en EU; seguran que no pueden pagar su abogado
La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitó a un tribunal federal en Nueva York desestimar los cargos por narcotráfico en su contra, al argumentar que no cuentan con recursos para financiar su representación legal.
En un documento presentado ante el juez Alvin Hellerstein, sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donnelly, indicaron que ambos están dispuestos a presentar pruebas financieras si el tribunal lo solicita, con el fin de sustentar su presunta incapacidad económica.
El equipo legal sostiene que la situación actual limita el derecho de los acusados a elegir libremente a sus defensores, debido a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el gobierno venezolano cubra los honorarios. A su juicio, esta restricción interfiere con garantías constitucionales en Estados Unidos.
En ese sentido, argumentan que la negativa vulnera la Sexta Enmienda, que protege el derecho a contar con una defensa elegida, así como la Quinta Enmienda, relacionada con el debido proceso. También señalan que, en otros casos, la autoridad ha permitido que terceros sancionados financien servicios legales, lo que consideran un criterio inconsistente.
La defensa rechazó la posibilidad de recurrir a un abogado de oficio al considerar que no sustituye el derecho a elegir representación propia. Por ello, solicitó que el proceso sea declarado “inconstitucionalmente defectuoso” o, en su defecto, que se convoque a una audiencia para revisar el fondo del caso.
La petición se presenta a pocos días de la próxima audiencia, programada para el 26 de marzo, en un proceso en el que ambos enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico y conspiración, cargos que han negado.
El caso se desarrolla en medio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde 2015, las cuales han restringido el acceso a recursos financieros del gobierno venezolano. En este escenario, la defensa sostiene que dichas medidas impactan directamente en el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, lo que ha llevado a plantear la nulidad del proceso.
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