Martín Vizcarra, expresidente de Perú, es sentenciado a 14 años de prisión por cohecho

El Poder Judicial de Perú condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, tras concluir que, cuando era gobernador regional de Moquegua, solicitó y recibió 2.3 millones de soles en sobornos provenientes de las constructoras Obrainsa e ICCGSA. Los pagos ilícitos, según la sentencia, estuvieron vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sala ordenó la ejecución inmediata de la pena y dispuso su inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos.

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional estableció una pena de 6 años por el caso Lomas de Ilo y 8 años por el Hospital de Moquegua, para un total de 14 años de cárcel, una cifra ligeramente inferior a lo solicitado por la fiscalía. Al leer el fallo, el colegiado afirmó que existían elementos suficientes para atribuir a Vizcarra responsabilidad penal “con grado de certeza”.

Los jueces consideraron probado que el entonces gobernador exigió un pago del 2% del contrato de 80.9 millones de soles del proyecto Lomas de Ilo, y que recibió 400 mil soles en enero de 2014 y 600 mil en abril de ese mismo año, además del alquiler de una avioneta solicitado expresamente. En cuanto al Hospital de Moquegua, la sala concluyó que 1.3 millones de soles se canalizaron a través de pagos simulados para cumplir con la coima exigida. Para el tribunal, Vizcarra “aprovechó su cargo” para condicionar la adjudicación de obras públicas a cambio de dinero.

La decisión incluyó una orden de captura nacional e internacional, luego de que, en meses previos, el exmandatario ya enfrentara restricciones judiciales e incluso un breve periodo de prisión preventiva. Con esta resolución, Vizcarra se convierte en el quinto expresidente peruano encarcelado en los últimos años por causas de corrupción.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que la UNOPS determinaba a los ganadores de las licitaciones, por lo que Vizcarra no tendría capacidad de condicionar los contratos. Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento al señalar que la oficina de Naciones Unidas solo emitía recomendaciones técnicas, mientras que la decisión final recaía en el gobierno regional. La propia UNOPS había aclarado públicamente que no tenía un rol decisorio.

El caso se apoyó en testimonios de exdirectivos ligados al “Club de la Construcción”, una red de colusión que operó durante años para repartirse obras públicas mediante pagos ilegales, así como en peritajes sobre flujos de dinero y contratos ficticios. La empresa ICCGSA reconoció prácticas irregulares en procesos judiciales previos, mientras que Obrainsa figura en múltiples expedientes anticorrupción desde 2017.

Vizcarra, quien asumió la presidencia peruana en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y fue destituido por el Congreso en 2020, insiste en su inocencia y ha calificado los procesos en su contra como persecución política. En su última intervención antes del veredicto, afirmó estar “seguro” de su inocencia y dispuesto a acatar lo que resolviera el tribunal.

La sentencia puede ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Superior Nacional. Su defensa adelantó que buscará cuestionar la valoración de testigos colaboradores y la interpretación del delito de cohecho en relación con el “acto funcional”, una figura que la jurisprudencia peruana ha ido afinando en casos vinculados al propio “Club de la Construcción”.

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